CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Los resultados estadísticos de la política de la división de los predios mapuches quedan
reflejados en la exposición que hace el diputado Flores Castelli, informante de la
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, en la sesión N° 20, el 17 de diciembre
de 1959. En dicha exposición se concluye que a través del proceso de división habían
surgido 13.000 propietarios indígenas regidos por el derecho común. Esto quiere decir
que del total de los Títulos de Merced otorgados por el Estado chileno, o sea 3.078,
equivalentes a 475.422 hectáreas, que “beneficiaron” a 77.841 personas; ya al año
1949, 793 Títulos de Merced habían sido divididos, equivalentes a 126.748 hectáreas.
Todo esto significa que alrededor del 25% de los terrenos habían sido divididos,
afectando a un porcentaje similar de Títulos de Merced 174 .
Estas cifras son altamente relevantes pues indican que un alto porcentaje de la tierra
indígena había sido sustraído del régimen de protección que otorga la normativa
especial a estas propiedades y que, por lo tanto, están expuestas a la usurpación a
través del derecho nacional, pues la historia de la constitución de la propiedad de raíz
indígena y su regulación a través de la legislación republicana ha demostrado que el
sometimiento de la propiedad indígena y de la voluntad indígena a la legislación
republicana se ha traducido, la más de las veces, en la pérdida de dicha propiedad sin
siquiera una justa retribución. 175
Obviamente esta legislación, tendiente a la liquidación de las comunidades indígenas no
contó con el apoyo indígena. El Primer Congreso Provincial de Campesinos e Indígenas
de Cautín, realizado en el Ateneo Popular de Temuco los días 6 y 7 de enero de 1962,
concluye con las siguientes exigencias:
1. La restitución de las tierras usurpadas por los dueños de fundos, los que mediante
estos despojos han constituido los grandes latifundios que hoy poseen;
2. Que a los indígenas se les considere como a todo campesino del país para las
parcelaciones de los fundos sobre la reforma agraria, por tener estos escasez de
tierras;
3. El Congreso apoya la derogación de la ley 14.511 por gravar las comunidades
indígenas, ya que de este modo pasa a convertirse en un nuevo medio de aumentar
el minifundio con las divisiones;
4. El Congreso se pronuncia porque a los indígenas al entregárseles título definitivo de
dominio se encuentren exentos de pagar contribuciones;
5. Que los títulos de dominio se concedan de acuerdo con los antiguos deslindes,
impidiendo la subdivisión de las comunidades, el arrendamiento de las tierras de las
174 Ibíd.: 31.
175 Ibíd.: 32.
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