CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

económico, educacional y cultural de los indígenas y la integración de los indígenas a la
comunidad nacional, considerando su idiosincrasia y respetando sus costumbres 212 .
Dentro de las funciones y atribuciones del IDI se cuentan, entre otras, las siguientes: a)
la formulación y aplicación de una política de desarrollo integral de la población indígena,
b) el desarrollo de labores de asistencia legal, técnica y administrativa a las
comunidades indígenas, c) la planificación de las expropiaciones y la ejecución de las
restricciones y asignaciones de tierras a que se refiere la ley, d) la adquisición de tierras,
a cualquier título con el objeto de asignarlas a los indígenas, e) la celebración de
convenios con distintos organismos para realizar estudios técnicos relacionados con el
desarrollo integral del pueblo indígena, f) otorgar ayuda y asistencia técnica, económica,
y social a los indígenas y g) representar a los indígenas en todos los asuntos, conflictos
o problemas de carácter judicial y extrajudicial en que una de las partes sea indígena.
Para cumplir con su misión el IDI estaba estructurado y organizado con un Consejo
Superior, y una Dirección Ejecutiva. Su organigrama era de carácter funcional territorial
con distribución por zonas y resguardando la participación de los campesinos. De esta
manera el Consejo Superior estaba integrado por 16 miembros de los cuales 9
representaban al Gobierno y 7 a los campesinos mapuches. Consejo que tenía por
objeto la conducción y control superior del Instituto.
El Gobierno militar suprime el Instituto de Desarrollo Indígena, con lo cual la Ley
indígena 17.729, promulgada en el gobierno de Allende, y a pesar de estar vigente, no
tenía ninguna aplicación práctica. De esta forma, hasta el año 1979 no se aplicará
ninguna legislación ni política pública en materia indígena. En ese año el Gobierno
militar promulga el Decreto de Ley 2.568, que buscará y conseguirá, finalmente, la
liquidación de las comunidades mapuches.
El tema de la división de las tierras mapuches, tal cual ha quedado consignado en este
Informe, es una discusión que comienza con el siglo XX. Desde las primeras décadas,
hubo un conjunto de actores que observan el tema indígena en el sur de Chile, y que
consideran que la causa de la pobreza indígena radica, en gran medida, en el hecho de
que los indígenas no tienen propiedad privada constituida. Esta idea es apoyada por
algunos defensores de indígenas, como Eulogio Robles, defensor indígena de Temuco,
quien sostiene en varias oportunidades, que el hecho de que no haya progreso en las
tierras indígenas es porque no hay una propiedad constituida, las tierras no están
cercadas. Posteriormente los misioneros capuchinos van a tener la misma idea, vale
decir, que al no existir propiedad no hay progreso. Esta idea se consolida en 1927
cuando se dicta una ley con el objetivo de dividir las comunidades indígenas. Ese año, el
presidente de la sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, Manuel Manquilef,
propuso una ley de división de comunidades indígenas, donde un Tribunal Especial de
división debería hacer la repartición de las tierras a cada jefe de familia al interior de la
comunidad, y después de transcurridos diez años, dichos miembros quedarían
habilitados para celebrar cualquier tipo de contrato con sus tierras, vender, arrendar, etc.
En 1931 se dictará una segunda ley respecto a la división de comunidades indígenas.
212 Art. 34º, Ley 17.729 de 1972. Citado en Rupailaf. “Las organizaciones mapuches...” Op. cit.: 64.
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