CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

usufructuaban de las tierras mapuches. Martín Alonqueo sostenía, respecto a los
Juzgados de Indios:
“... no operan de acuerdo a la ley que tiene apariencia proteccionista, pero que
realmente no lo es, porque han sido incapaces de solucionar los problemas
mapuches de tierras, favoreciendo siempre a los particulares compradores de
acción de derecho (...) los mapuches han perdido la fe y confianza en la justicia,
porque han sido y son víctimas de enormes tramitaciones inútiles y los han
empobrecido miserablemente por la acción nefasta de las rábulas que pululan
alrededor de los juzgados... 167 ”.
De esta manera los mapuches percibían a los juzgados de indios como los
representantes de las injusticias cometidas hacia ellos, y por tanto eran vistos como los
responsables de no resolver el problema de las tierras usurpadas y más que eso, de
favorecer la pérdida de sus tierras.
Por otro lado, puede verse, cómo el Estado chileno ha actuado históricamente de
manera errática frente al tema indígena. Partiendo de la base de que la primera
responsabilidad es del mismo Estado, pues allí radica la generación de todos los
conflictos producidos, con el tiempo -después de la ocupación de la Araucanía-, y tal
como se ha visto a lo largo de esta revisión histórica, las políticas estatales dictadas
para -supuestamente- resolver el conflicto, no hicieron otra cosa que prolongarlo aún
más, o lisa y llenamente empeorarlo.
Sin embargo, uno de los momentos en que la demanda mapuche encuentra mayor eco
de parte de la institucionalidad chilena, es hacia mediados del siglo XX, cuando en 1952,
Carlos Ibáñez del Campo llega a la Presidencia de la República con un masivo respaldo
de la Corporación Araucana, la que logra en ese período su momento de mayor
convocatoria. El triunfo de Ibáñez, le significó a aquella un apoyo estatal no recibido por
ninguna otra organización mapuche. Ibáñez nombró en 1952 a Venancio Coñoepán
como Ministro de Tierras y Colonización, por un período de cinco meses y respaldó los
proyectos de Ley presentados por la Corporación Araucana. El primero de los cuales fue
la Ley del 9 de marzo, en la que se establecía que los terrenos de propiedad particular
mapuche, quedaban libres del pago del impuesto de contribución sobre bienes raíces,
durante 10 años. Concretándose por primera vez, la exención de gravámenes a las
tierras indígenas no comunitarias. Por medio del Decreto Ley 56 del 25 de abril del
mismo año, se creó la Dirección de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de
Tierras y Colonización, objetivo perseguido por la Corporación desde 1930 168 .
La Corporación Araucana logró, además la elección de dos Alcaldes, doce regidores de
la zona de la Frontera, varios inspectores en los Juzgados de Indios y funcionarios en
diversas reparticiones públicas. En 1953, Venancio Coñoepán es nombrado director de
la Dirección de Asuntos Indígenas -DASIN- que centralizaría las actividades de carácter
indígena y asesorará al Presidente de la República en el cumplimiento de la ley de 1931
167 Ibídem.
168 Foerster, Rolf y Sonia Montecino. Organizaciones... Op. cit.: 214, 216.
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