Cuaderno de Estrategia nº 140 - IEEE

Fernando Marín Castána la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (delitos para los que la leyseñale penas privativas de libertad de duración superior a cinco años), envirtud de lo dispuesto en el artículo 65. 1 de la misma Ley Orgánica (en relacióncon el artículo 14. 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que lesatribuye el enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas o estupefacientes,siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados yproduzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias, asícomo de los delitos «cometidos fuera del territorio nacional, cuando conformea las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los TribunalesEspañoles», extendiendo su competencia al conocimiento de losdelitos conexos con los anteriormente reseñados. Además también correspondea la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos de terrorismoy sus conexos, en virtud del mandato contenido en la disposición transitoriade la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo.No obstante esta proclamación de la jurisdicción universal de los tribunalesespañoles, dado que los delitos a los que nos referimos son tambiéndelitos internacionales, no podrá ejercerse de forma ilimitada, sino de conformidadcon los tratados internacionales suscritos por España, lo que enocasiones puede limitarla seriamente por lo parcos que como hemos vistose manifiestan algunos de dichos tratados, cuando de ejercer la jurisdicciónse trata sobre buques de pabellón extranjero en espacios marítimosen los que rige el principio de libertad de navegación.Pese a las dudas que por la expresada razón puede plantear en ocasionesla competencia de los tribunales españoles para conocer de estosdelitos, resulta necesario y conveniente su inclusión entre los delitos depersecución universal, pues de otra forma podrían plantearse declaracionesde incompetencia frente a delitos que no serían juzgados por ningúnotro Estado.Como ejemplo de lo que acabamos de apuntar, podemos referirnos aalgunos presuntos delitos de inmigración ilegal que fueron descubiertosen aguas próximas a las Islas Canarias, pero más allá de nuestro mar territorial.En sentencias de 17 de marzo , 30 de junio y 26 de octubre de 2006(cayucos interceptados entre 50 y 150 millas de la isla de Gran Canaria) y23 de febrero de 2007 (relativa al asunto MT KONAKRY), la Audiencia Provincialde Las Palmas apreció de oficio su falta de jurisdicción para elenjuiciamiento y fallo del delito contra los derechos de los ciudadanosextranjeros, previsto y penado en el artículo 318 bis del Código Penal porel que venían siendo acusados los procesados al transportar ilegalmente— 231 —