Cuaderno de Estrategia nº 140 - IEEE

Fernando Marín CastánPor lo que se refiere a la propuesta de reforma legislativa, tambiénprosperó, culminando con la aprobación de la Ley Orgánica 13/2007, de19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o lainmigración clandestina de personas que modificó el apartado 4 del artículo23 de la LOPJ, introduciendo en la letra g., como delito de persecuciónuniversal, el «tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas,sean o no trabajadores».Esta reforma refuerza sin duda el ejercicio de la jurisdicción por Españamás allá de nuestro mar territorial y zona contigua aunque con ella no seagotan todos los problemas y dudas que pueden plantearse, cuya exposiciónexcedería los límites que nos hemos fijado en el presente trabajo.LA COMPATIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN SOBRE UN BUQUESOSPECHOSO DE COMETER ILÍCITO INTERNACIONAL, SUSTRIPULANTES Y SU CARGA, CON EL RESPETO A LOS DERECHOSFUNDAMENTALES: LIBERTAD E INVIOLABILIDAD DE DOMICILIOLos derechos del detenido cuando la intervención sobre del buque ysu carga se produce en espacios marítimos lejanosUno de principales problemas que se les puede plantear a los Comandantesde nuestros buques de guerra o aeronaves militares (o demásbuques o aeronaves de Estado debidamente autorizados), a la hora deintervenir en espacios marítimos lejanos de nuestras costas contrabuques sospechosos de cometer alguno de los delitos internacionales dejurisdicción universal, es el de qué hacer con los presuntos delincuentes ycon los efectos del delito, caso de confirmarse las sospechas. Y más enconcreto, cómo se puede conciliar la necesaria detención o apresamientode los presuntos delincuentes, el buque y su carga, con el derecho fundamentada la libertad y sus distintas garantías.Entre las garantías del derecho a la libertad y a la seguridad reconocidaspor el artículo 17 de la Constitución se encuentran las siguientes:la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamentenecesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimientode los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setentay dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposiciónde la autoridad judicial; toda persona deberá ser informada de formainmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de lasrazones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar; se garan-— 233 —