Cuaderno de Estrategia nº 140 - IEEE

Anexosanciones aplicables a toda persona que cause contaminación marina ocontribuya a ella. Las sanciones deben ser aplicables no sólo al armadoro al capitán del buque, sino también al propietario de la carga, la sociedadde clasificación o cualquier otra persona involucrada.La citada directiva 2005/35/CE ha sido transpuesta a nuestro Derechointerno, mediante el Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidasaplicables a los buques en tránsito que realicen descargas contaminantesen aguas marítimas españolas. Dicho Real Decreto parte de constatarque la mayoría de los mandatos de la Directiva se encuentran yarecogidos en nuestro Ordenamiento Jurídico.En efecto, respecto de los casos más graves de relevancia penal, elCódigo Penal, en sus artículos 325 a 331 y 338 a 340, castiga como responsablede delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ensus formas dolosa y culposa (por imprudencia grave), agravadas o atenuadasen función de determinadas circunstancias que especifica, al que,«contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectorasdel medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamenteemisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos,ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo,el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia,incluso, en los espacios transfronterizos «.Sin embargo el citado delito no aparece contemplado entre los delitosde persecución universal relacionados en el apartado 4 del artículo 23 dela Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que podría plantear problemas parael ejercicio de la jurisdicción en la zona económica exclusiva, la plataformacontinental o el alta mar, espacios, en cambio, que sí se encuentran incluidosen el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/35/CE, por lo quedesde el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción penal, su transposiciónal Ordenamiento Jurídico español podría resultar defectuosa.Tanto a tenor de la expresada Directiva, como del Convenio de NacionesUnidas de 1982, consideramos que existiría base suficiente para considerarel delito de contaminación, o de vertidos ilegales al mar, como delitointernacional, y por tanto susceptible de persecución universal, en las condicionesdeterminadas en dicha normativa internacional, por lo que seríaconveniente su inclusión en el citado apartado 4, del artículo 23, de la LOPJ.Desde el punto de vista del Derecho Administrativo sancionador, lasinfracciones en materia de contaminación, se encontrarían recogidas,básicamente, en los artículos 114 a 116 de la Ley 27/1992, de 24 de— 255 —