Cuaderno de Estrategia nº 140 - IEEE

Fernando Marín Castánresidencia de una persona constituye el contenido esencial de estederecho fundamental, contenido que el legislador ha de respetar. Enel extremo opuesto parece claro también que un simple terreno depropiedad particular ha de quedar excluido. Entre tales dos extremoshay una amplia zona intermedia que es donde la duda puedeplantearse, duda que ha de resolverse acudiendo en cada caso alconcepto que nos proporciona el Tribunal Constitucional cuandodefine el domicilio a estos efectos como un espacio en el cual el individuoejerce su vida privada personal o familiar, espacio que debequedar excluido de las observaciones ajenas y de las intromisionesde los demás salvo autorización del interesado (STC 110/84, de 26de noviembre entre otras muchas).Con relación a las embarcaciones, tal espacio privado quedalimitado a los camarotes particulares de la tripulación o de los viajeros,quedando excluidos aquellos otros espacios comunes como lacubierta o escaleras o salones no individuales, y los destinados aalbergar las mercancías u objetos transportados.Cuando, como en el caso presente, nos encontramos con barcosde tamaño pequeño, habrá de estarse al hecho concreto, de modoque, si allí habitan una o varias personas, aun cuando sea de modotransitorio, como el supuesto contemplado en la sentencia que acabamosde citar, la de 13.3.1999, habrá de reputarse domicilio talembarcación; si no fuera así, no cabría acudir a este concepto parainvocar este derecho fundamental del art. 18.2 CE.Entendemos que esto último es lo que ocurre con la embarcaciónque en esas actuaciones registró la Guardia Civil encontrandoel mencionado cargamento de 208 kilogramos de hachís. Talpequeño barco no lo utilizaba su usuario como lugar donde desarrollarsu vida íntima personal o familiar, ya que quedó acreditado quesólo se usaba para pescar….Por tanto fue legítima la entrada de la Guardia Civil en la pequeñanave para registrarla y asimismo legítimo el hallazgo de los 208 kilogramosde hachís encontrados en su interior.No hubo vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio,por lo que hemos de desestimar también este motivo 2º del recurso».Ello no quiere decir que los camarotes privados no puedan ser registrados,pero sí que para su registro será necesario, o el previo consentimientodel titular o, en su defecto, una resolución judicial que lo autorice,debiéndose cumplir las formalidades previstas en la Ley de EnjuiciamientoCriminal al respecto.— 239 —