JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
labores de una entidad o el interés de perjudicar la credibilidad ciudadana de alguna
persona o entidad no pueden ser las motivaciones para presentar algo como hecho
noticioso cuando en puridad no lo es.
Un elemento esencial dentro de todo Estado Constitucional que se precie de serlo,
es el respeto a las instituciones y a las personas. Se puede discrepar con su quehacer,
pero no se debe buscar cooptar o dirigir su labor. Menos aún, descalificar su quehacer,
máxime si para ello se recurren a informaciones falsas o, por lo menos, obtenidas sin
haber tenido una razonable diligencia en el manejo de las fuentes.
Querer mediatizar la independencia o la imparcialidad de los jueces es, máxime en
ciertos contextos como los aquí descritos, debilitar la institucionalidad de un Estado
en particular. Recurrir para ello a efectuar aseveraciones falsas o inexactas sobre un
juzgador tiene además el efecto de injusta y abusivamente vulnerar su buena reputación.
Corresponde entonces invocar a la clase política de todo país, así como a
quienes dirigen los diferentes medios de comunicación, no perder de vista este tipo
de consideraciones 1 .
1004
Y junto con estos recaudos, conviene tener presente que la labor de los jueces constitucionales
admite límites, que van más allá de la propia restricción del juzgador. La
tarea interpretativa de este tipo de jueces (zas) admite los límites asignados, en primer
1 Lo expuesto, sin embargo, no excluye a que algún juzgador (a), en función a las características
de cierto caso en particular, pueda, según cada ordenamiento jurídico específico, ser recusado o, lo
que corresponde en el caso del Tribunal Constitucional peruano, abstenerse por decoro. Para ello debe
tenerse en cuenta si estamos ante supuestos de afectación a la dimensión objetiva de la imparcialidad
(vinculación con el objeto del proceso), a su dimensión subjetiva (relación con los sujetos del proceso),
o a una necesaria apariencia de imparcialidad.
Conviene incidir sobre este último aspecto, el de la apariencia de imparcialidad, conepto desarrollado
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en este sentido Delcourt c. Bèlgica (1970),
Piersack c. Bélgica (1984); Hauschildt c. Dinamarca (1989); entre otros), la Comisión Interamericana
(desde sus informes sobre Cuba de 1983 o acerca de Chile de 1985), y la Corte Interamericana (Genie
Lacayo c. Nicaragua (1997), Tribunal Constitucional c. Perú (2001), Baruch Ivcher c. Perú (2001); entre
otros); así como por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.
En estos casos, es fácil acreditar como en puridad no existe interés o vinculación entre los(as) juzgadores(as)
y las partes o el objeto del proceso. Sin embargo, podrían afectar la actuación jurisdiccional
de esos juzgadores(as) y, lo que es más grave, la credibilidad ciudadana en las labores de impartición de
justicia.
Esta apariencia de imparcialidad, en mérito a que actualmente se encuentra completamente convencionalizada,
habilita, muy a despecho de una lectura literal del artículo 33 inciso 3 del Código
Procesal Constitucional, a que haya abstenciones por decoro en habeas corpus, justificables tanto por
eventual vinculación de los juzgadores(as) con las partes o con sus abogados, pudiendo ser esa relación
en mérito a consideraciones de amistad como de enemistad. Ello lamentablemente no fue reconocido
en este proceso por nuestro Tribunal Constitucional, en mérito a una decisión que se definió con el voto
decisorio de su presidente.