JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Precedentes vinculantes
Alega que en las mismas sesiones ambos beneficiarios fueron compelidos e inducidos
a reconocer culpabilidad por los hechos materia de investigación, formulándose
preguntas sobre si “mintió”, sobre “si es cierto” o “no cierto”, o aconsejándoles que se
acojan a la confesión sincera. Sostiene que los congresistas han ejercido su autoridad
para obligar a los favorecidos a que respondan, formulándolas reiteradamente a pesar
de que ya habían sido contestadas. Indica que los congresistas sostuvieron expresamente
un supuesto derecho a reiterar las preguntas cuantas veces juzguen pertinente.
Considera que se ha violado el derecho fundamental al procedimiento preestablecido
por la ley, puesto que los beneficiarios de la demanda han sido sometidos a un procedimiento
de investigación que no cuenta con reglas preestablecidas conforme a lo
previsto en la STC 00156-2012-PHC, FF. JJ. 25 y 74. Afirma que recién en la segunda
sesión ordinaria de la Comisión se aprueba su Reglamento Interno 2013-2014, en
cuyo artículo 42º se regula de una manera general el trámite de las investigaciones,
a pesar de que en la primera sesión se había aprobado levantar el secreto bancario de
varias personas, entre las cuales se encontraba el expresidente Alejandro Toledo.
Aduce que se ha lesionado el derecho fundamental a una comunicación previa y
detallada de los cargos en sede parlamentaria, puesto que las citaciones de los beneficiarios
no contienen la causa de la imputación, es decir, las acciones u omisiones que
se imputan, su caracterización legal, ni tampoco los fundamentos probatorios que
conducen a ella.
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Refiere que ha sido afectado el derecho fundamental a ser oído en sede parlamentaria,
puesto que el 16 de septiembre de 2014, mediante un escrito el expresidente Alejandro
Toledo solicitó a la Comisión que se le permita asistir voluntariamente el 17 de
setiembre para que en 20 minutos pueda compartir con los miembros de la Comisión
sus reflexiones y datos sobre los hechos materia de investigación, además de solicitar
que sea respetado el debido proceso. Sostiene que dicho escrito debía ser entendido
como un pedido estrictamente ajustado al contenido esencial de su derecho fundamental
a ser oído. Sin embargo, la Comisión dio trámite a su pedido bajo la figura de
someterse a una estación de preguntas sobre los hechos materia de imputación. Por
ello, afirma, si bien el beneficiario se presentó, lo hizo para solicitar que se reprograme
la cita, pues no había preparado su defensa.
Considera que se ha violado su derecho fundamental a la concesión del tiempo y los
medios adecuados para preparar la defensa, en razón de que ni el Reglamento del
Congreso, ni el Reglamento Interno de la Comisión han previsto un plazo razonable
para formular los descargos; a lo que se agrega que el pedido del abogado de acceder
al expediente y a concreta y detallada información de diversas acusaciones de la investigación
ha sido denegado al negarse su personamiento y su libre designación.