JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
La sentencia en mayoría señala lo contrario, aunque intenta que no se note demasiado.
La sección A de la parte III se titula “La capacidad de control de políticas públicas
que tiene el Tribunal Constitucional”. Este título es engañoso, ya que el contenido de
esta sección sostiene lo contrario —es decir, que el Tribunal debe intervenir en la concepción
y aplicación de las políticas públicas. El fundamento 16 indica que se debe:
“(…) reclamar que los jueces y juezas constitucionales no solamente controlen, sino
que incluso pasen a hacer sugerencias y tener iniciativas frente a la configuración de
políticas públicas, para así asegurar la constitucionalidad de las mismas (…).”
De esa manera, la Constitución es presentada como algo arcano y misterioso, imposible
de ser comprendida por los no iniciados. En consecuencia, al decidir qué
políticas públicas desarrollar, lo más probable es que los poderes elegidos colisionen
con ella. Para evitar que sean corregidos por el Tribunal Constitucional, mejor que
éste les diga de entrada qué hacer. Tal perspectiva contraviene el principio de separación
de poderes, que requiere que el Tribunal Constitucional intervenga solo cuando
surja un cuestionamiento a la constitucionalidad de las leyes. Este Tribunal ocupa un
lugar preeminente entre las instituciones del Estado, pero no puede hacer lo que se
le antoje.
Ciertamente, el fundamento 18 dice que: “(…) este órgano de control de la Constitución,
en principio, no participa en el diseño de las políticas públicas, no decide qué
opción es mejor que otra, ni prioriza las metas;” [cursivas agregadas]. No obstante,
señala que esto es así solo en principio —es decir, habrá oportunidades en que esta
norma no aplicará y el Tribunal Constitucional podrá entrometerse en la concepción
de las políticas públicas. Además, añade luego un pero referido a su aplicación: “(…)
pero, en todo caso, debe verificar que de la aplicación de las mismas no surjan vulneraciones
de derechos o que estos se afecten por su omisión” [cursivas agregadas].
¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Qué le da derecho al Tribunal Constitucional
a diseñar políticas públicas o verificar su aplicación? ¿Dónde dice la Constitución
que el Tribunal Constitucional puede hacer esto? ¿No implica ello establecer el despotismo
ilustrado de la magistratura? En mi opinión, hace mal la sentencia en mayoría
al apoyarse en la sentencia emitida en el Expediente 0017-2008-AI.
La sección B de la parte III justifica la existencia de la Sunedu repitiendo una y otra
vez que la educación es un servicio público. Empero, soslaya que el artículo 58 de la
Constitución lista a la educación entre las principales áreas de actividad del Estado
junto a los servicios públicos (concepto que, por tanto, no la engloba). Además, es
inexacto entenderla de esa manera: la educación no es una industria de redes, en la
que sea difícil tener competencia. Las telecomunicaciones, la distribución de energía
eléctrica y gas natural, la infraestructura de transporte de uso público y el saneamien-
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