JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
las universidades, de modo que la regulación de este aspecto, en principio, no
puede ser considerada inconstitucional.
279. En cuanto al cuestionamiento relacionado a que la autorización esté a cargo de
la SUNEDU, esto tampoco resulta inconstitucional, por cuanto es la entidad
responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario,
en los términos del artículo 13 cuya constitucionalidad se resolviera supra.
280. Corresponde entonces analizar ahora si la disposición del inciso 1 del artículo
115 incide en el derecho a la libertad de empresa y, en su caso, determinar si esa
intervención resulta desproporcionada.
281. Este Tribunal Constitucional tiene resuelto que “[…] cuando el artículo 59 de
la Constitución reconoce el derecho a la libertad de empresa está garantizando a
todas las personas una libertad de decisión no sólo para crear empresas (libertad
de fundación de una empresa), y por tanto, para actuar en el mercado (libertad
de acceso al mercado), sino también para establecer los propios objetivos de
la empresa (libertad de organización del empresario) y dirigir y planificar su
actividad (libertad de dirección de la empresa) en atención a sus recursos y a las
condiciones del propio mercado, así como la libertad de cesación o de salida del
mercado” (STC 01405-2010-AA/TC, Fundamento Jurídico 15).
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282. La disposición del inciso 1º del artículo 115 de la ley universitaria, al limitar
la cantidad de universidades que puede promover una persona jurídica, puede
suponer alguna forma de incidencia en el ejercicio del derecho de acceso al
mercado. Por ende, debe ser examinada a la luz del test de proporcionalidad al
que recurriera este Tribunal Constitucional en diversos casos para resolver un
conflicto entre principios constitucionales.
283. Conviene entonces tener presente que de las contestaciones de las demandas
surge que la medida cuestionada tiene por objeto lograr un razonable equilibrio
entre el acceso a la educación universitaria y la calidad de la oferta educativa.
Este estado de cosas que el legislador pretende conformar tiene la finalidad de
garantizar el derecho a una educación universitaria de calidad.
284. Conviene entonces anotar que este Tribunal Constitucional tiene resuelto que
“(...) amplitud de acceso y calidad de la oferta educativa, son dos exigencias
constitucionales de primer orden que no pueden ser desatendidas y entre las
que hay que privilegiar un razonable equilibrio. Así, en procura de garantizar el
acceso a la educación, no es posible permitir y menos aún promover la apertura
indiscriminada de centros educativos que no garanticen ciertos estándares de
calidad educativa. Como tampoco resulta razonable que ante la constatación de