JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
está sujeto a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementado
a través de los reglamentos respectivos” (STC 00197-2010-AA, Fundamento
Jurídico 5).
180. En esta materia aplica entonces aquella reserva de ley relativa. Por ende, no
resulta inconstitucional que se derive al reglamento la tipificación de las infracciones,
en tanto se ha fijado en la ley las conductas sancionables y la escala y los
tipos de sanción.
181. Por último, cabe añadir que si se regula una actividad con miras a garantizar la
calidad del servicio público, resulta necesario dotar al organismo supervisor de
las herramientas necesarias para corregir las infracciones que se adviertan en su
ámbito específico.
182. De otro lado, y como es obvio, las resoluciones de sanción deberán estar debidamente
motivadas, y la sanción que se imponga debe resultar proporcional a
la naturaleza y gravedad de la infracción en que haya incurrido la universidad.
183. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este extremo.
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D.2.9. Articulación y coordinación de la SUNEDU con otras instituciones
184. Los Colegios de Abogados demandantes, en los Expedientes 00014-2014-PI/
TC y 00019-2014-PI/TC, impugnan los artículos 22 y 23 de la Ley Universitaria.
Consideran que la SUNEDU estará sobre todas las universidades “para
gobernarlas con sus normas y procedimientos” (Contestación del Colegio de
Abogados de Lima Norte), y porque la supervisión de la Calidad se adjudica a
un “ente ajeno a la universidad que depende del poder político” (Contestación
del Colegio de Abogados de Lima).
185. Cuando este Tribunal Constitucional dictó la STC 00017-2008-AI/TC, tuvo
especialmente en cuenta la ausencia de supervisión entonces existente, al sostener
que estaba acreditado que “el Estado no ha adoptado las medidas necesarias
para cumplir cabalmente con su deber constitucional de garantizar una educación
universitaria de calidad” (Fundamento Jurídico 210).
186. A fin de enfrentar esos problemas, este Tribunal dispuso que debía crearse “una
Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y supervisada
eficientemente por el Estado” y, por lo tanto, estableció que dicha autoridad
tenga el carácter de “autoridad central de supervisión”. Eso es lo que hace
el artículo 22 de la ley impugnada, y, por ende, no resulta contrario a la Constitución.