JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos de tutela de derechos
de Lavado de activos: otro delito, y consecuentemente en no tener claro el
delito fuente (o de origen) torna la investigación en inocua o vacía, ya que
la propia Ley da un catálogo definido de los delitos que se pueden relacionar
con los capitales ilícitos que se insertan en la economía regular y licita.
(sic, f. 1410).
[...] la información proporcionada por el ciudadano [denunciante]: es
solo una noticia, no una investigación periodística y, consecuentemente,
no reporta elementos, indicios o datos de mínima consistencia como para
aperturar investigación alguna; en ese sentido el proceder serio de un autoridad
es, recibida una notitia criminis indagar sobre la sostenibilidad de
la imputación (en este caso) periodística, y si se trata de una investigación
periodística la que se recoge: verificar la sostenibilidad de la imputación,
cosa que no ha efectuado el Fiscal encargado del caso;
Recibido el reclamo de la hoy beneficiaria [el fiscal emplazado] procede
a analizar las decisiones de su superior, respecto al archivamiento de tal
proceso (carpeta fiscal 122-09), califica los argumentos de este y, siguiendo
los criterios según su parecer, de sentencia del Tribunal Constitucional
(respecto al tema de la llamada ‘Cosa Decidida Fiscal’): amplía la investigación
a partir de lo que se aprecia como indicios de la comisión de evento
criminoso;
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Por aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el
Sr. Fiscal Provincial: está impedido de revisar la decisión de un superior, en
consecuencia ampliar o hacer investigación a partir de considerar impropio,
por diversas razones, una conclusión de su superior jerárquico: violenta el
estado de derecho, toda vez que le está vedado tal conducta por ministerio
de la ley (por más que se afinque en sentencia del Tribunal Constitucional),
si a ello se adiciona la endebles de los medios en que se sustenta su decisión
de investigar, aun cuando aparatoso y mediático resulten su afirmaciones;
este Colegiado debe agregar que la decisión del Sr. Fiscal: no precisa ni
establece cual es el delito fuente, no hay referencias sobre los indicios
concurrentes que existirían entre los actos de movimiento dinerario
descubierto, con alguno de los delitos del catálogo establecido por el
artículo 10 del DL 1106, ni de su vinculación con los ciudadanos que
implica es decir no señala, y menos da razones, respecto a si investigará
a partir del delito de narcotráfico, terrorismo o cualquier proveniente del
catálogo fijado por la ley. [...]” (sic, f. 1411 revés y 1412).