JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
interpretación normativa que, al no haber sido advertida en la sentencia precitada,
no fue sometida a control.
239. Para este Tribunal resulta evidente que las seis disposiciones penales impugnadas
no persiguen sancionar la infracción de bienes jurídicos comunes, sino la
corrección en el uso de la fuerza que, estando sujeta a los principios de necesidad
y proporcionalidad, limita los métodos y medios utilizados por las FFAA y
la PNP cuando operan en cumplimiento de sus funciones.
240. En este sentido, los incisos 1, 2 y 3 del cuestionado artículo 91 se hallan circunscritos
a la prohibición penal de “atacar”, constituyendo tipos penales de
mera actividad que, por su propia redacción, no exigen para su consumación
el resultado de muerte o lesiones que pudiera hacer inferir la tutela de bienes
jurídico-penales comunes. Consecuencias de tal índole deberán dar origen a un
proceso penal en la jurisdicción penal común. Tal razonamiento resulta aplicable
también al inciso 6, cuya prohibición se limita a las acciones de “ordenar” o
“amenazar” con que “no se dará cuartel” y no exige la producción de resultados
lesivos concretos. Por ello, este Tribunal debe confirmar la constitucionalidad
de los incisos 1, 2, 3 y 6 del artículo 91 del Decreto Legislativo N. º 1094.
241. Por otro lado, las disposiciones de los incisos 4 y 5 que prohíben “utilizar” como
“escudos a personas protegidas” y “provocar o mantener la inanición de civiles
como método de conducción de hostilidades […]”, respectivamente, se hallan
también directamente vinculadas a la tutela de la corrección en el uso de la fuerza.
Tal bien jurídico se incorpora como propio del desempeño de las funciones
de las FFAA y la PNP desde que estas instituciones estatales se hallan sujetas
al DIH y obliga a que la utilización de métodos indebidos de combate -que
implican la instrumentalización de personas que no participan del enfrentamiento
armado- sea entendida como una lesión de un deber institucional. Sin
embargo, la responsabilidad de esta índole será independiente de la que pueda
sobrevenir por la lesión de bienes jurídico-penales comunes (vida, integridad,
libertad, salud pública, etc.). Por ello, este Tribunal debe confirmar la constitucionalidad
los incisos 4 y 5 del artículo 91 del Decreto Legislativo 1094.
242. Finalmente, se debe analizar el inciso 7 que contiene la prohibición penal de
“atacar a traición” a un miembro de las fuerzas enemigas -participe directo de
las hostilidades- causándole lesiones o la muerte. Un análisis preciso de esta
norma implica distinguir que no se halla destinada a evitar las lesiones o la
muerte en las fuerzas enemigas; puesto que resultados intencionales de tal índole
son impunes en acciones de combate, sino, únicamente, a sancionar su
producción a través de un método incorrecto.
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