JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
de manera acorde con los principios, valores y preceptos recogidos en nuestro texto
constitucional vigente.
De otro lado, y si hay un principio central dentro del Estado Constitucional, éste es
el del reconocimiento y cabal tutela de los derechos ciudadanos. Por ende, cualquier
actuación o norma que deba restringir el ejercicio de alguno de estos derechos debe
ser entendido como una situación excepcional que debe ser comprendida de manera
acotada y no extensiva.
Junto a lo recientemente señalado, y en tanto el ejercicio incontrolado del poder
puede involucrar violaciones a esos derechos que justamente se quiere tutelar, la limitación
del poder es también un aspecto de innegable relevancia dentro de un Estado
constitucional. Es por ello que, aun cuando existen supuestos en donde el Estado
Constitucional habilita a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales a adoptar acciones
que impliquen restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, estos únicamente
deben ser comprendidos como situaciones excepcionales, a las cuales solamente
puede recurrirse luego de asumir ciertos recaudos, y cuyos alcances nunca pueden ser
comprendidos en forma abierta o amplia.
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Conviene entonces tener presente que, de acuerdo con la Carta de 1993, el escenario
en el cual se habilita la mayor restricción del ejercicio de algunos derechos fundamentales,
así como del uso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para restablecer el
orden constitucional es el de los Estados de Excepción recogidas en el artículo 137
de nuestra Constitución actualmente vigente. Sin embargo, y de acuerdo con lo dispuesto
por algunos artículos del Decreto Legislativo 1095, por delegación legislativa
se abren posibilidades de uso de las Fuerzas Armadas que van bastante más alá de lo
que el constituyente había previsto en el caso de los Estados de Excepción, con el
subsiguiente riesgo de vulneración de importantes derechos ciudadanos.
Nadie niega la necesidad de restablecer el principio de autoridad en ciertas situaciones
que todavía no alcanzan los estándares exigidos para la declaratoria de un Estado
de Excepción. Eso es sin duda lo que se busca con la dación del Decreto Legislativo
1095. Sin embargo, este valioso objetivo no puede, si se trata de actuar dentro de los
parámetros del Estado Constitucional, buscar materializarse de cualquier manera, y
sin tomar ciertos necesarios recaudos.
Es pues ahora cuando corresponde analizar lo señalado en el artículo 4.3 del Decreto
Legislativo 1095. Allí, como es de conocimiento general se habilita que las Fuerzas
Armadas pueden actuar colaborando con el restablecimiento del orden interno, sin
que se haya declarado un Estado de Emergencia (la posibilidad menor gravosa dentro
de los Estados de Excepción comprendidos en la Constitución de 1993), para enfren-