JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
y social del Estado. En efecto, es obligación del Estado adoptar las medidas tendientes
a ofrecer los medios adecuados para que la persona que ha cumplido su
pena por estos delitos pueda asumir una vida formal y real en la sociedad. Eso
sí, una regulación en los términos expuestos no anula o neutraliza a la persona,
tampoco el Estado renuncia a su obligación de promover la rehabilitación y reincorporación
del penado; únicamente realiza algunas restricciones en atención
a otros fines igualmente constitucionales.
219. En los términos aquí expuestos, por tanto, se advierte una restricción al
principio de resocialización del penado. Se ha de precisar que este principio,
como cualquier otro derecho o principio, tampoco es absoluto, sino relativo,
por lo que también está sujeto a restricciones. Tales restricciones, por lo general,
suponen la puesta en tensión o conflicto entre los diferentes derechos y
principios, como ocurre en este caso, entre el principio de resocialización (la
rehabilitación y la reincorporación del penado) y el derecho a la educación.
Para resolver este tipo de conflictos, este Tribunal ha apelado el test de proporcionalidad.
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C.4.b.1.b.1 Aplicación del test de proporcionalidad
220. Resulta, pues, pertinente aplicar el citado test de proporcionalidad a fin de
determinar si está justificado destituir a los profesores que han cumplido su
condena por los delitos de terrorismo o apología al terrorismo antes de ingresar
(o reingresar) a la carrera pública magisterial.
Subprincipio de idoneidad
221. El examen de idoneidad exige, en primer término, la identificación de un fin de
relevancia constitucional, y, una vez que este se ha determinado, verificar si la
medida legislativa es idónea o adecuada para lograr tal fin. Este procedimiento
implica, de un lado, la distinción entre el objetivo y la finalidad que persigue la
medida impugnada. El objetivo tiene que ver con el estado de cosas o situación
jurídica que el legislador pretende alcanzar a través de una disposición legal. La
finalidad comprende el bien jurídico de relevancia constitucional que el órgano
productor de la norma ha pretendido proteger a través de una disposición legal,
y de otro lado, verificar la adecuación de la medida. Esta consiste en la relación
de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención
legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del análisis de una
relación medio-fin.
222. De la interpretación del artículo 49.c de la Ley 29944, se desprende que esta
disposición legal tiene como objetivos los siguientes: