JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
EXPS. 00014-2014-PI/TC, 00016-2014-PI/TC, 00019-2014-PI/TC Y 00072015-
PI/TC
LIMA
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y OTROS
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar la constitucionalidad de todas las disposiciones
impugnadas de la Ley N° 30220. Estoy de acuerdo con gran parte de lo decidido
y con las razones que lo justifican, salvo en el tópico referido al Superintendente
de la SUNEDU y su designación. Sobre el particular, considero que el artículo 20 de
la Ley no es inconstitucional en lo que establece, sino en lo que deja de precisar. Dicho
precepto legal establece que el Superintendente de la SUNEDU es propuesto por
el Ministro de Educación. Precisamente, una de las razones que ha justificado que se
consagre constitucionalmente la autonomía universitaria —que, desgraciadamente se
entendió por autarquía y extraterritorialidad— y, con ello, su prelación como garantía
institucional, es evitar que el gobierno pueda influenciar en el normal desarrollo de la
vida universitaria, en sus diversas facetas.
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Me temo que, por más que hayamos decidido que el ejercicio de determinadas
competencias de la SUNEDU no esté teñido de naturaleza ideológica o política, ni
deba interferir en el ideario o visión de la Universidad, esas medidas serán insuficientes
si es que la designación del órgano ejecutivo de la SUNEDU —el superintendente—
se plantea en el sentido de que esta se efectúe únicamente bajo criterios
de confianza.
En el diseño normativo actual, es la vinculación de este alto funcionario con el gobierno,
cualquiera que éste sea, lo que suscita mi inquietud, en términos prácticos,
institucionales y constitucionales. Y en la Ley es de advertir que, con el propósito de
garantizar la autonomía universitaria, no se hayan previsto garantías específicas. Esto
ocurre en los casos de designación de superintendentes que supervisan la actividad de
los órganos de relevancia constitucional, en los que la designación de sus miembros o
la designación de sus superintendentes disponen de salvaguardas específicas que garantizan
su autonomía. La estructura de esta disposición es lo suficientemente amplia
para tolerar, dentro de lo razonablemente admisible, que su interpretación y aplica-