JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
filiales universitarias cuyo funcionamiento haya sido autorizado judicialmente.
En caso de que, en un tiempo razonable, estas entidades no
alcancen el grado necesario de calidad educativa, deberá procederse a
su clausura y disolución. En este supuesto, el Estado deberá adoptar
las medidas necesarias para proteger los derechos de los alumnos, profesores
y trabajadores que resulten afectados.
• Garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con
adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual, tomando en
cuenta que, de acuerdo al artículo 13º 2 c. del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la enseñanza superior
universitaria debe hacerse accesible a todos, “sobre la base de la capacidad
de cada uno” (STC 00017-2008-AI/TC, Fundamento Jurídico
219).
119. Una institución pública de tal naturaleza debía permitir enfrentar la profunda
crisis de la educación universitaria adoptando las medidas necesarias para
cumplir cabalmente con el deber constitucional de garantizar una educación
universitaria de calidad.
120. La exigencia de la calidad de la educación impartida deriva de la finalidad constitucional
que ella está llamada a cumplir, pues solo una educación de calidad
asegura el desarrollo integral de la persona humana, según exige el artículo 13
de la Constitución.
121. El concepto de calidad de la educación ya ha sido definido por este Tribunal
Constitucional en referencia a dos principios:
a. Desarrollo cognitivo del educando: Es el objetivo explícito más importante
de todo el sistema, y, por consiguiente, el éxito en este ámbito constituye un
indicador de la calidad de la educación que ha recibido.
b. Promoción de la formación en valores: La educación fomenta el desarrollo
de actitudes y valores relacionados con una buena conducta cívica, así como
las condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando
(STC 00017-2008-AI/TC, Fundamento Jurídico 13).
122. A tenor de lo señalado, el legislador creó la SUNEDU, y atendiendo a que la ha
dotado de autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa,
su mera adscripción al ámbito del ministerio del sector al que pertenece
la actividad (como en el caso de todas las demás superintendencias creadas por
el legislador) no resulta inconstitucional.
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