JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos de tutela de derechos
actuaciones ocurridas o desarrolladas por la parte obligada, esto es, el Consejo
Nacional de la Magistratura. En consecuencia, no procede declarar la sustracción
de la materia ni mucho menos el archivo del proceso, sino determinar de qué
manera se deben ejecutar las decisiones emitidas por este Tribunal y que tienen
la calidad de cosa juzgada.
11. Por ello, este Tribunal recuerda al a quo, que el derecho a la ejecución de las resoluciones
judiciales constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de
la tutela judicial. En efecto, el Tribunal Constitucional ya ha dejado establecido
en anterior oportunidad que “el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no
es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho
a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter,
tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal
(…) El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido
en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de
tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si
hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [STC N.º 0015-2001-AI, 0016-2001-AI
y 0004-2002-AI/TC, fundamento 11]. En esa misma línea de razonamiento, se
ha precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es
tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que
“el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido
decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional
a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” [STC N.º 04119-2005-PA/
TC, fundamento 64].
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12. Como lógica consecuencia de lo expuesto, no corresponde ya que este Tribunal
se pronuncie sobre el fondo del proceso –pues existen dos sentencias sobre el
particular–, sino únicamente recordar que en tanto no se ejecuten las sentencias
dictadas en sede constitucional, en sus propios términos, no solo se afectan los
derechos inicialmente demandados –debido proceso y a la motivación–, sino
también los derechos de acceso a la función pública y a la presunción de inocencia,
así como a la ejecución de las resoluciones judiciales.
13. Como correlato de ello, corresponderá que el CNM, con esta u otra conformación,
procedan a ejecutar las sentencias emitidas, las que se mantienen subsistentes
ante el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.
§2.2 Sobre el modo de ejecutar la STC N.º 01034-2013-PA/TC en el presente caso
14. Resuelta así esta cuestión previa, el Tribunal Constitucional debe entrar a analizar
el modo en el que deberá ejecutarse la STC N.º 01034-2013-PA/TC, en