JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
132. Este Tribunal observa que la expresión “acto de violencia” resulta considerablemente
ambigua, por lo que, en principio, podría tornarse lesiva de la garantía
de lex certa contenida en el principio constitucional de legalidad. Más aun si se
exige que, en ambos supuestos, los actos de violencia, ya sea que atenten contra
los derechos fundamentales o contra los servicios públicos, deban a la vez impedir
el “normal funcionamiento” de los servicios públicos.
133. En la misma línea argumentativa que se ha desarrollado (Sección C.1.b supra), se
debe reiterar aquí también que los “actos de violencia” contra los derechos fundamentales
o el patrimonio deberán ser de naturaleza particularmente grave y hallarse
determinados. Tales ilícitos, a juicio de este Tribunal, solo podrán ser aquellos que
ostenten naturaleza delictiva y que están taxativamente descritos en la Ley Penal.
134. Este Tribunal Constitucional entiende que el enunciado dispositivo “ni haber
incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales
de la persona y contra el patrimonio” debe ser interpretado en el sentido de
que se halla referido a “actos de violencia” que constituyan delitos contra los
“derechos fundamentales de la persona” o contra “el patrimonio”. Si bien cabría
aquí la posibilidad de englobar a delitos dolosos como a los de tipo imprudente,
esta última posibilidad caería fuera del margen semántico de interpretación de
la expresión “acto de violencia”, por lo que ella debe ser descartada.
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135. Ahora bien, estos “actos de violencia” deben, adicionalmente, ser tales que “impiden
el normal funcionamiento de los servicios públicos”. Valen, entonces, aquí
también las consideraciones ya esbozadas respecto a la indeterminación de la expresión
“el normal funcionamiento” (Sección C.1.b supra). Sin duda, ella otorga un
alto grado de discrecionalidad a la autoridad al momento de valorar la conducta.
136. Al respecto, este Tribunal interpreta que el enunciado en cuestión se refiere a
acciones de un umbral de gravedad propio de actos delictivos que afecten los
servicios públicos. Por esta razón, se exigirá que tales ilícitos se hallen taxativamente
descritos en la Ley Penal.
137. Cabe anotar que, a juicio de este Tribunal, la segunda parte del artículo 44 de
la Ley 29944 debe interpretarse siempre de manera restrictiva; esto es, en coherencia
con la primera, en el sentido que su aplicación exige la existencia de “una
denuncia administrativa o judicial”.
138. Asimismo, el referido artículo 44 debe ser interpretado en el sentido de que el
director de la institución educativa dispondrá la medida de separación preventiva,
a través de una resolución debidamente motivada, dando cuenta al director
de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente.