JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
7.7 En este sentido, un análisis riguroso sobre el estatus que la Constitución propugna
para la institución universitaria de cara a lo que representa la autonomía
impone pues considerar, como lo establece expresamente la parte final del
segundo párrafo del artículo 18° de Norma Suprema, que la intervención del
Estado, se concretiza en el establecimiento de condiciones para proceder a su
creación, las mismas que como es bien sabido, son determinadas por la ley.
Sin embargo, aceptada su existencia, queda claro que su funcionamiento solo
habrá de operar con sujeción a sus propias decisiones y a la regulación interna
libremente adoptada por vía de sus estatutos, en el marco de la Constitución y
de las leyes.
8. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU).
8.1 A la luz del instituto constitucional de la autonomía universitaria y de los principios
y valores constitucionales, así como del sistema económico constitucionalizado,
la incorporación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria solo tendría sentido si la misma constriñe su accionar a lo dispuesto
en la última parte del segundo párrafo del artículo 18° de la Constitución, que
preceptúa “La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.”, refiriéndose
a los requisitos que deben exigirse y garantizarse, a los efectos de autorizar
la creación y el funcionamiento de instituciones universitarias.
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8.2 En tal sentido, una superintendencia en materia universitaria no debe ser diseñada
bajo la inspiración de un modelo paternalista, controlista, intervencionista y
burocrático que entiende que el Estado debe controlarlo todo y que las personas
son incapaces de administrarse adecuadamente por sí mismas, como la que encierra
la Ley 30220, Ley Universitaria. Tal toma de posición revela una filosofía
inconstitucional, que apuesta por la desconfianza en la persona y en su libertad,
en abierta pugna con la posición humanista y que opta por revaluar al ser humano
y no devaluarlo, que inspira y está consagrada en la Carta Magna y recogida
en el catálogo de derechos fundamentales que contiene el artículo 2° de la misma.
En tal sentido, hay en toda esta ley una notoria inconstitucionalidad por la
lógica y la racionalidad que subyace en ella, y que la convierte en una normativa
inconstitucional en su conjunto.
9. El requisito de la edad.
9.1 Ya en anterior oportunidad (mi voto singular en el Expediente Nº 0021-2012-
PI/TC) me he pronunciado en el sentido de cuestionar aquellas normas que
establecen requisitos para el ejercicio docente en función de la edad.