JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
−
−
−
−
−
fuente formal específica del derecho, sí pueden ser incluidas dentro de una ley
anual de presupuesto. Ello se justifica con mayor razón cuando se toma en cuenta
que, conforme al artículo 74 de la Constitución, la única prohibición expresa en
tal sentido concierne a las normas de naturaleza tributaria.
Tampoco habría inconstitucionalidad por la forma porque, lejos de constituir
un derecho absoluto, la negociación colectiva admite límites. Así lo reconoce el
artículo 7 del Convenio 153 de la OIT, resultando razonable restringirlo. Se evita
de esta manera que los trabajadores públicos la utilicen para solicitar el aumento
de sus remuneraciones, restricción que tiene por finalidad salvaguardar los principios
de equidad y estabilidad presupuestaria recogidos en los artículos 77 y 78
de la Constitución.
Al declarar nulos de pleno derecho laudos e inhabilitar a árbitros no se menoscaba
la jurisdicción arbitral ni se recorta irrazonablemente la facultad del árbitro de
ejercer el control difuso, puesto que los operadores de derecho están obligados
por ley a interpretar el derecho a la negociación colectiva, en línea con lo dispuesto
por el Tribunal Constitucional en el fundamento 27 de la STC 2566-2012-
PA/TC y en el fundamento 53 de la STC 0008-2005-PI/TC.
El procedimiento de inhabilitación previsto en la Quincuagésima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley 29951 no resulta lesivo de la libertad de
trabajo de los árbitros, en tanto que está orientado a hacer efectivo el principio de
estabilidad presupuestaria, ni recorta su derecho a gozar de un debido proceso.
Debe tenerse en cuenta que, por aplicación supletoria del artículo 235 de la Ley
27444, del Procedimiento Administrativo General, estos tendrían la oportunidad
de formular sus descargos conforme a derecho.
Lejos de resultar discriminatorio, el procedimiento de inhabilitación establecido
en la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29951
constituiría un trato diferenciado legítimo orientado a optimizar el principio de
equilibrio presupuestario. Si bien recortaría el ejercicio del derecho-principio de
igualdad, lo hace de manera necesaria y proporcional. Además, no vulneraría el
principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional arbitral.
Tampoco se lesiona el principio de independencia de la jurisdicción arbitral por
el hecho de que un Consejo Especial designe al presidente de un tribunal arbitral
en caso de que las partes en conflicto no se pusieran de acuerdo en su designación,
puesto que, contrariamente a lo que afirman los demandantes, tal entidad
no está conformada por representantes del Poder Ejecutivo, por lo que la Quincuagésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29812 no resulta
inconstitucional.
391