JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
referidas a la materialización de la política económico-financiera y, en especial,
las relacionadas con la ejecución del presupuesto público, en la medida en que
tienen incidencia directa en el presupuesto público.
33. En el caso del artículo 6 de la Ley 29951, que regula la prohibición de todo
incremento remunerativo de los trabajadores públicos, cualquiera que sea su
forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, el Tribunal
observa que los cuestionamientos de constitucionalidad efectuados en las
demandas no inciden sobre la irregularidad constitucional en el procedimiento
de su formación, sino sobre la incompetencia de su regulación a través de la Ley
del Presupuesto. Mientras que, en el primer caso, la inconstitucionalidad formal
es consecuencia de haberse inobservado una norma que regula el procedimiento
de formación de las disposiciones impugnadas, en el caso del segundo supuesto
-la inconstitucionalidad por vicios de competencia-, esta se presenta cuando una
disposición regula una materia que, de conformidad con la Constitución o el
bloque de constitucionalidad, no tiene competencia para disciplinarla.
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34. Así, de conformidad con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional,
una disposición legislativa será inconstitucional si, de acuerdo con las normas
constitucionales que regulan la competencia de una determinada fuente formal
del derecho, se observara que aquella reguló una materia para la cual no tenía
competencia. En el caso del artículo 6 de la ley impugnada, el Tribunal hace
notar que se trata de una disposición que tiene por objeto restringir la capacidad
de las diversas agencias gubernamentales —de los Gobiernos central, regional,
municipal y, en general, de cualquier órgano de la Administración Pública— de
incrementar las remuneraciones o cualquiera de los otros ítems que allí se contemplan
en el ámbito de la Administración Pública.
35. Una medida de esa naturaleza, juzga el Tribunal, tiene por objeto hacer concordar
la programación y la ejecución del presupuesto público, atendiendo a diversos
criterios que redunden en beneficio del interés general y que, por ello, deban
verse reflejados en la elaboración y ejecución de la política general del Estado, reflejada
en la Ley del Presupuesto. Como antes se ha dicho, forman parte del contenido
constitucionalmente necesario de la Ley del Presupuesto tanto las normas
estrictamente presupuestales como aquellas directamente vinculadas a la materia
presupuestal. Este último es el caso de los párrafos subsistentes del artículo 6 de la
ley impugnada, que tienen directa relación con la implementación de la política
económico-financiera del Estado y, en especial, con la ejecución del presupuesto
público, al tener incidencia directa en el presupuesto público. Por ello, el Tribunal
juzga que corresponde desestimarse este extremo de la pretensión.