JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
247. La regulación introducida en el primer párrafo del artículo 84 de la ley no fija
un criterio arbitrario para la separación de los docentes, por cuanto esta solo
se dispondrá cuando el profesor no supere un procedimiento de evaluación del
mérito académico, la producción científica, lectiva y de investigación.
248. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda respecto del primer
párrafo del artículo 84 de la Ley Universitaria.
249. A continuación, deberá examinarse la legitimidad del límite de edad establecido
en el cuarto párrafo del presente artículo, determinando si constituye una
intromisión desproporcionada en la autonomía universitaria o una forma de
discriminación arbitraria.
250. En relación con el primero de estos aspectos, el alegato de los demandantes
se centra en sostener que solo las universidades, en ejercicio de su autonomía
administrativa, pueden determinar los límites para el desarrollo de la docencia.
251. Como ya ha sostenido este Tribunal, el ejercicio de la autonomía universitaria
se manifiesta en la potestad de autorregulación de las casas de altos estudios,
pero sujeta al marco de la Constitución y la ley. Al respecto, ha sostenido que
dicha autonomía “[…] puede ser objeto de una `determinación legislativa´ en
cuanto a su extensión, siempre que ésta respete y permita desarrollar las ideas
nucleares y los contenidos esenciales que la Constitución ha fijado sobre la
materia”.
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252. En tanto y en cuanto el constituyente no ha fijado un límite de edad para el
ejercicio del cargo de docente ordinario, ni ha prohibido el establecimiento de
dicho límite. Por ende, e independientemente de cualquier otra consideración,
el mismo deviene en constitucionalmente posible.
253. Cabe tomar en cuenta que una medida de esta naturaleza viabiliza el derecho
de acceso a la función pública de nuevos cuadros, favoreciendo además la movilidad
y el ascenso de los profesores ordinarios.
254. Este Tribunal ha señalado que “[…] una interpretación constitucionalmente
adecuada del concepto `función pública´ exige entenderlo de manera amplia,
esto es, desde el punto de vista material como el desempeño de funciones en las
entidades públicas del Estado. La determinación de este aspecto ha de efectuarse
casuísticamente. No obstante, en vía de principio, pueden ser considerados
como tales cargos el de los servidores públicos, en general, de conformidad con
la Ley de la materia, de los profesores universitarios, los profesores de los distintos
niveles de formación escolar preuniversitaria, servidores de la salud, servido-