JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
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titucional es un deber general que corresponde a toda persona en calidad de
ciudadano del Estado constitucional y democrático de Derecho. En tal sentido,
cuando el precitado dispositivo legal expresa que “el delito de función previene
y sanciona todo acto de un militar o policía que atente contra el orden constitucional”,
tal afirmación debe entenderse como limitada a los ilícitos que reúnan
las características del delito de función.
97. En consecuencia, en lo que aquí importa, para la interpretación del los tipos de
delitos de función se deberá tener en cuenta la vinculación de la conducta prohibida
con los principios castrenses de disciplina, subordinación, mando, obediencia,
defensa y seguridad, incorporados en el Título Preliminar del Decreto
Legislativo N. º 1094. Se requiere, en general, que la conducta prohibida en el
tipo de delito de función suponga preponderantemente una afectación a la función
asignada a las FFAA y a la PNP.
98. Son dos los grupos en los que se dividen los ilícitos que válidamente configuran
delitos de función. El primero es el de los delitos de función stricto sensu, que
protege exclusivamente bienes jurídicos del ámbito militar o policial. El segundo
agrupa a los delitos de función lato sensu, referido a tipos pluriofensivos -supuestos
delictivos que implican la lesión simultanea de más de un bien jurídico- que
atentan contra bienes jurídico-penales castrenses y comunes.
99. Frente al segundo grupo de ilícitos, una correcta técnica de tipificación por parte
del legislador determina un tipo de delito de función siempre y cuando el bien
jurídico afectado sea uno castrense. Entonces, no todo delito a causa de su de
naturaleza pluriofensiva debe ser excluido de la condición de delito de función 29 .
No obstante, resultará ilegítima la sanción a través del delito de función de conductas
cuyo injusto reside en la lesión o puesta en peligro de bienes jurídico-penales
comunes 30 . Ello supone, además, no favorecer casos de non bis in ídem.
100. Por tanto, de la naturaleza restrictiva y excepcional de la justicia castrense, se
deriva también que en los supuestos de duda sobre la tipificación o la aplicación
de los delitos de función, tal dilema debe resolverse a favor de consagrar la conducta
en la legislación penal ordinaria 31 . Es decir, como enfatiza la Defensoría
del Pueblo, se legitima el hecho de que la justicia ordinaria sea siempre la atrayente
respecto de la justicia castrense 32 .
29 Fundamento 4 de la STC 1154-2002-HC/TC.
30 Fundamento 5 de la STC 1294-2007-PHC/TC.
31 Fundamento 38.a de la STC 0012-2006-PI/TC.
32 Informe Defensorial 66, de 2003.