JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
rencia Internacional de Tribunales y Cortes Constitucionales, que los jueces y
juezas constitucionales pueden evaluar la constitucionalidad de ciertas políticas
públicas, máxime si hoy asumen labores de integración social.
17. Esta integración social, siquiera enunciativamente, alude a apuntalar elementos
de cohesión social (búsqueda de que toda persona pertenezca a una comunidad
política dentro de la cual pueda desarrollar sus proyectos de vida), inclusión
social (esfuerzo por incorporar a quienes se encuentran excluidos del sistema
político, de la configuración de lo económico o de la capacidad de ejercer sus derechos
o su cultura a cabalidad) y reconciliación social (búsqueda de superación
colectiva de períodos asumidos como difíciles dentro de la historia de nuestros
países mediante el impulso o la materialización de diversas acciones). Supone
también un intento de consolidación de un clima de ausencia de conflictos o de
solución rápida y eficaz de los ya existentes.
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18. Al respecto, cabe dejar sentado que este órgano de control de la Constitución,
en principio, no participa en el diseño de las políticas públicas, no decide qué
opción es mejor que otra, ni prioriza las metas; pero, en todo caso, debe verificar
que de la aplicación de las mismas no surjan vulneraciones de derechos o que
estos se afecten por su omisión.
19. De hecho, ya este Tribunal, en el pasado, ha controlado la legitimidad constitucional
de medidas relacionadas con
a. la provisión de agua potable (STC 03333-2012-AA/TC);
b. la circulación de vehículos usados con timón cambiado (STC 02500-2011-
AA/TC);
c. el consumo de bebidas alcohólicas (STC 00850-2008-AA/TC);
d. El combate contra el tráfico ilícito de drogas (STC 00033-2007-AI/TC); o
e. la infancia y los programas sociales (STC 01817-2009-HC/TC, FJ 11), entre
muchas otras.
20. En lo específicamente relacionado con la educación, este Tribunal Constitucional
ha sostenido que esta se configura como derecho fundamental, pero también
como un servicio público, en la medida en que se trata de una prestación pública
que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por terceros
bajo fiscalización estatal, y ha añadido que “[…] corresponde al Ministerio
de Educación desarrollar políticas públicas que optimicen y lleven a la práctica
el mandato constitucional” (STC 06752-2008-AA/TC, FJ 6 y 7). Esta afirmación
no impide, naturalmente, que el Tribunal Constitucional pueda controlar