JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
308. La Constitución reconoce el pluralismo económico y admite actores públicos
y privados, asociativos o societarios. Ahora bien, y con la finalidad de favorecer
la calidad de la oferta en materia de educación universitaria, la ley establece que
quienes se orientaron por la finalidad educativa no podrán más tarde convertirla
en una actividad comercial.
309. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este extremo.
D.9. Disposiciones complementarias transitorias, modificatorias, finales y
derogatorias
310. Respecto de las Disposiciones Complementarias Transitorias, Modificatorias,
Finales y Derogatorias, se han impugnado las Disposiciones Complementarias
Transitorias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Decimoprimera y la Disposición
Complementaria Final Sexta. Debe entonces analizarse por separado la
pretensión de inconstitucionalidad de cada una de ellas.
D.9.1. Proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública
311. El Colegio de abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-PI/TC,
impugna la Disposición Complementaria Transitoria Primera de la ley, por vulnerar
el derecho a ser elegido y a cumplir el mandato.
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312. Por su parte, los Congresistas, en el Expediente 00016-2014-PI, sostienen que
la Disposición Complementaria Transitoria Primera resulta inconstitucional,
por cuanto fija el cese de la asamblea universitaria y ordena el nombramiento
de nuevas autoridades, sin que en su opinión se presenten razones que justifiquen
esa decisión, tanto más cuanto que aquellas han sido elegidas democráticamente
para un período de gobierno, conforme a la legislación vigente en su
oportunidad.
313. El Colegio de Abogados de Lima, en el Expediente 00019-2014-PI/TC, afirma
que la Primera Disposición Complementaria Transitoria atenta contra el
régimen de gobierno de las universidades públicas, quebranta la prohibición
de aplicar retroactivamente las leyes y afecta el contenido de los derechos a
participar en la vida cultural de la nación y de acceso a la función pública de las
autoridades de las universidades públicas.
314. Respecto a la presunta necesidad de que el legislador dé razones como señalan
los Congresistas demandantes en el Expediente 00016-2014-PI, cabría sostener
que no existe una exigencia constitucional de tal naturaleza. El legislador
aprueba la ley en virtud de su legitimidad democrática, y su discrecionalidad en