JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
329. Sin embargo, y de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley impugnada, el
plazo de duración de los estudios de maestría y doctorado, alcanza, en conjunto,
un período similar al otorgado por la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria para la adecuación. Por lo tanto, si bien no puede calificársele como
desproporcionado, justo es reconocer que no resulta fácil cumplirlo, tomando
en cuenta la dedicación y disponibilidad de tiempo con que cuentan los profesionales
al respecto.
330. Ahora bien, este Tribunal Constitucional considera que, atendiendo a la gravedad
de la consecuencia prevista, el muy apretado margen de tiempo entre el
plazo de duración de los estudios y el de adecuación, y la incertidumbre existente
sobre cómo comprender este precepto de la Ley, debe entenderse que el
cómputo de este plazo regirá desde el momento en que se publique la presente
sentencia en el diario oficial El Peruano.
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331. Por las razones expuestas, y atendiendo a que la disposición no se revela como
inconstitucional en abstracto, corresponde desestimar la demanda en este extremo,
interpretándose eso sí que el plazo de adecuación previsto en la Ley
comienza a computarse desde el momento de la publicación de la presente
sentencia en el diario oficial El Peruano.
D.9.4. Comisión organizadora
332. El Colegio de abogados de Lima Norte, en el expediente 00014-2014-PI/TC,
impugna la Disposición Complementaria Transitoria Cuarta de la ley, por
cuanto considera que infringe la autonomía universitaria.
333. Como ya se señalara más arriba, es de competencia del Ministerio de Educación
llevar adelante aquellas políticas públicas que permitan organizar un sistema
educativo de calidad. En consecuencia, es el ente rector encargado de conducir
la política del Estado en la materia.
334. Dentro de esta lógica, no se evidencia como inconstitucional el hecho de que se
conforme una comisión organizadora de la SUNEDU, que más adelante será
conducida por sus órganos internos, conforme a la estructura que establece la
propia ley, y cuya constitucionalidad se ha establecido antes.
335. Como es obvio, la comisión organizadora cumple una función transitoria, que
además se agota cuando la institución queda definitivamente constituida y, en
todo caso, antes de que la misma entre en funciones.
336. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este extremo.