JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
225. En primer lugar, corresponde señalar que la fiscalización establecida en la Ley es
interna, es decir, llevada a cabo por una comisión cuyos miembros forman parte
de la comunidad universitaria, de modo que no prevé en este caso la intervención
de la Contraloría.
226. La disposición que venimos analizando establece a continuación que los resultados
de dicha fiscalización son comunicados a la Contraloría y a la SUNEDU.
Como ya se ha puesto de relieve más arriba, las eventuales deficiencias de técnica
legislativa como esta no dan lugar a la declaración de inconstitucionalidad.
Ello en mérito a que queda claro que los resultados de la fiscalización se informarán
a la Contraloría y a la SUNEDU en el caso de las universidades públicas,
y solo a la segunda en el caso de las privadas.
227. Por otra parte, la inclusión de medidas de fiscalización a cargo de los miembros
de la propia comunidad universitaria resulta importante, por cuanto algunas
casas de altos estudios manejan recursos públicos y otras gozan de beneficios tributarios,
existiendo interés de la comunidad de que se lleve a cabo una correcta
inversión de esos recursos en finalidades educativas.
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228. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este extremo.
D.5.2. Atribuciones del Consejo Universitario
229. El Colegio de Abogados de Lima Norte, en el Expediente 00014-2014-PI/TC,
impugna el inciso 3º del artículo 59 de la Ley por vulnerar la autonomía universitaria.
230. Dicha disposición establece que la aprobación del presupuesto general de la universidad,
su plan anual de adquisiciones y la autorización de contratos, entre otros
aspectos que atañen a su economía, serán aprobados por el Consejo Universitario,
que, como es obvio, es un órgano interno de gobierno de las universidades.
231. En mérito a lo expuesto, surge que la disposición no puede ser considerada
lesiva de la autonomía, por cuanto la aprobación de dichos instrumentos de
gestión es acordada por los órganos de la propia universidad.
232. Señalan los demandantes que en su opinión la medida afecta, además, el derecho
a la libertad de empresa y la libertad de contratación. En torno al primero
de dichos derechos, este Tribunal Constitucional ha dejado establecido
que garantiza que todas las personas tengan “[…] una libertad de decisión no
sólo para crear empresas (libertad de fundación de una empresa), y por tanto,
para actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también para