JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
La docencia no es una actividad en la que prima la condición física óptima, como
en el caso de los profesores de educación física, sino las condiciones mentales y la
capacidad intelectual, que permitan una adecuada trasmisión de los contenidos de las
diversas asignaturas que se imparten en el proceso de aprendizaje, tanto básico como
primario y secundario.
En tal sentido, colocar una edad determinada como un factor para decidir la permanencia
o no en la labor docente resulta arbitrario e, incluso, hasta contraproducente,
pues permite que, en base al tope impuesto por un factor de temporalidad, se pueda
mantener en la condición docente a personas que carezcan de las cualidades suficientes
para desempeñar tan noble función y que al revés de ello, se prescinda de personas
que mantienen en perfectas condiciones sus aptitudes o facultades para la enseñanza.
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Es más, lo enfatizo, a la luz de la historia nacional y universal, queda demostrado de
manera inobjetable que muchas personas con edad longeva han estado muy por encima
de las expectativas intelectuales que de ellas se esperaba, y que de haberse prescindido
de su participación en los quehaceres o responsabilidades que en su momento se
les encomendaron, se hubiera privado a sus sociedades de una estupenda oportunidad
de servicio plenamente acreditada en los hechos.
Por ello, pretender que el correcto aprendizaje escolar se garantiza per se porque un
docente tiene menos de 65 años, es partir de una presunción que admite prueba en
contrario, pues no existe dato objetivo alguno que demuestre que porque un profesor
tiene menos edad que otro, el proceso de enseñanza resulte más óptimo. Al contrario
de ello, la experiencia ganada con los años acrecienta las posibilidades de una mejor
aptitud docente y de una mejor calidad del proceso de aprendizaje y de la trasmisión
de conocimientos.
Por lo demás, el elemento que corrobora el carácter discriminatorio de la norma, se
pone de manifiesto en el hecho de alegar, como lo hace la sentencia, que es en función
a una política general de empleo que se limita la permanencia de los docentes con
mayor edad en beneficio de los docentes que recién ingresan a laborar en tal rubro.
Con una lógica de ese tipo, ya no es el objetivo de la enseñanza el que parece resultar
el relevante, sino la necesidad de que el Estado priorice la demanda de los jóvenes que
anhelan trabajar en la vida docente a cualquier costo social, sea el que sea, incluso el
de perjudicar a otras personas, se supone, con iguales derechos y oportunidades, con
el riesgo de perjudicar también a los propios educandos.
Finalmente, la sentencia en mayoría incurre en un error inaceptable desde el punto
de vista de lo que representa el juicio de proporcionalidad, cuando tras reconocer que
pueden existir otras medidas alternas igualmente idóneas para alcanzar el mismo fin