JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional ∙ Tomo VI
to sí lo son. De ello deriva la necesidad de tener los organismos reguladores a los que
se refiere el fundamento 109. El que existan Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass
no justifica que tenga que existir la Sunedu.
Tampoco puede justificarse la creación de la Sunedu haciendo referencia al OSCE,
que supervisa la contratación estatal; y, a la SBN, que supervisa los bienes estatales.
En estos casos, a los que se refiere el fundamento 111, se trata de instituciones encargadas
de velar por la correcta administración del patrimonio estatal. Esto no tiene
ninguna relación con la educación universitaria.
Finalmente, tampoco es pertinente la referencia del fundamento 115 a la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFPs (SBS), prevista en el Capítulo V del Título III de
la Constitución. Éste establece una excepción a los principios generales del régimen
económico, al determinar que la emisión de moneda solo puede ser efectuada por el
Estado. Desde que el crédito es un sustituto del dinero, la SBS tiene sentido en ese
contexto específico.
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La Constitución no establece que la educación universitaria es un monopolio estatal.
Al contrario: comprendiendo que las tareas universitarias solo pueden ser emprendidas
en un entorno de libertad, su artículo 17 señala que el Estado debe “garantizar la
mayor pluralidad de la oferta educativa”. Se equivoca la sentencia en mayoría cuando
afirma, en su fundamento 31, que la educación es encomendada por la Constitución
al Estado. En realidad, desde que el artículo 13 de la Constitución señala que la educación
es un deber y un derecho de los padres de familia y el 58 la incluye en la lista
de principales áreas de acción del Estado, se aplica a ella el principio de subsidiaridad
contenido en el artículo 60 de la Constitución, que requiere que el Estado intervenga
solo donde la oferta privada es insuficiente.
Por demás, el fundamento 35 menciona una norma constitucional irrelevante para
el caso. Al señalar innecesariamente que la Constitución establece que la universidad
estatal es gratuita, puede pensarse que la sentencia en mayoría busca legitimar la indebida
intromisión del Estado en las universidades privadas.
La Ley Universitaria afecta, especialmente, a las universidades privadas. Respecto de
éstas, la ley contraviene no solo el artículo 18 y el inciso 4 del artículo 2, que consagra
el derecho a la libertad de contratación, sino también los artículos 58, 59 y 61 de la
Constitución, que protegen la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y de
trabajo, y la libre competencia.
Las universidades privadas actúan dentro del mercado. Su comportamiento está sujeto
a la competencia. Ésta las obliga a ofrecer los servicios que requieren los estudiantes
no solo a precios que éstos están dispuestos a pagar sino perfilándolos de acuerdo