JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procesos orgánicos
de un juez (ordinario o constitucional), y entre ellas, la del ejercicio del control
difuso.
J. Cabe tenerse presente que la pretensión de los demandantes en el presente proceso
se orienta a que se declare la inconstitucionalidad del artículo 6 y del tercer
párrafo de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la
Ley 29951. En su opinión dichas disposiciones impiden a los árbitros ejercer
plenamente sus labores, negándoles la posibilidad de aplicar el control difuso en
sede arbitral y permitiendo que los laudos sean anulados.
K. Coincidiendo con la parte resolutiva de la sentencia en cuanto declara infundado
este extremo de la demanda, pues lo dispuesto en la ley no recorta el margen de
acción de los árbitros, entiendo que debe quedar claro que ello no supone pronunciarse
sobre la pertinencia de la potestad de ejercer control difuso por parte
de los árbitros. Se anota entonces nuevamente que en autos no resulta posible
analizar si debería dejarse sin efecto, o no, lo establecido, con carácter de precedente,
en la STC 00142-2011-PA/TC.
L. Conviene por último, tener presente como en la STC 00142-2011-PA/TC, este
Tribunal Constitucional sostuvo que “Siendo el arbitraje una jurisdicción independiente,
como expresamente señala la Constitución, y debiendo toda jurisdicción
poseer las garantías de todo órgano jurisdiccional (como las del Poder
Judicial), es consecuencia necesaria de ello que la garantía del control difuso de
constitucionalidad, prevista en el segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución,
pueda también ser ejercida por los árbitros en la jurisdicción arbitral,
pues el artículo 138° no puede ser objeto de una interpretación constitucional
restrictiva y literal, como exclusiva de la jurisdicción ordinaria o constitucional”
(Fundamento Jurídico 24).
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M. Estamos pues ante una materia que debe ser analizada y discutida en el momento
y el espacio pertinente. En cualquier caso, necesario resulta recordar que, incluso
recurrir a fórmulas como las del establecimiento de un precedente, requiere acreditar
el cumplimiento de una serie de condiciones.
N. En ese sentido, el establecimiento del precedente, el cambio de precedente o la
decisión de dejar sin efecto lo establecido previamente con carácter de precedente,
exige entre otras cosas, atenerse a la regla de que debe existir una relación
inmediata con la ratio decidendi de un caso concreto.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA