M. - SHCP

:t
Derivado de un pago de dividendos efectuado el 16 de mayo de 1995, Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V. afectó al
Fideicomiso y a favor del Gobierno Federal 33'922,787 acciones Serie "L" adicionales, con lo que el lote de esa serie de
acciones propiedad del Gobierno Federal se incrementó a 949'838,031.
El 29 de junio de 2000, Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V. aprobó en una Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas la fusión de Grupo Financiero BBV-Probursa, S.A. de C.V., y acordó modificar la denominación social de Grupo
Financiero Bancomer a Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. ("BBVA Bancomer"), el cual se constituyó
formalmente con fecha 16 de agosto del 2000; casi al mismo tiempo (10 de agosto de 2000), este grupo financiero adquirió el
100% de las acciones de Banca Promex, S.A.
El 24 de enero de 2001, BBVA Bancomer recomendó a su Asamblea de Accionistas que convirtiera la totalidad de las accioríes
Serie "L" en acciones Serie "O", las cuales tienen derecho a voto y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (la "BMV"); por
acuerdo adoptado en una asamblea especial celebrada el 24 de abril de 2001, se llevó a cabo la sustitución (una a una) de las
acciones Serie "L" por acciones Serie "O". Esta conversión tuvo efectos el 2 de mayo de 2001, por lo que actualmente el
Gobierno Federal cuenta con 949'838,031 acciones Serie "O" de BBVA Bancomer que representan el 10.49% del capital social
pagado del Banco.
II. Venta de las acciones
La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001 (la "Ley de Ingresos") prevé en su artículo 1° la
enajenación de las acciones del Gobierno Federal en BBVA Bancomer.
En términos del artículo 134 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, las enajenaciones de bienes se deben
adjudicar o llevar a cabo a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; cuando las licitaciones no sean idóneas para asegureír dichas
condiciones, las leyes deben establecer las bases y procedimientos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.