M. - SHCP

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Para que las Secretarías de Estado, organismos descentralizados, o los fideicomisos en los
que el Gobierno Federal sea fideicomitente, realicen contrataciones de servicios, se deben
ajustar a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público (la "LAASSP"), según lo indica el artículo 1° de dicho ordenamiento.
En el artículo 26 de la LAASSP se indica que las instancias mencionadas pueden contratar
adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante los procedimientos de licitación pública,
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa; de los artículos 27 y 40 se
deriva que la licitación pública es la regla general para la contratación de servicios, y como
excepciones a la regla general se señalan los procedimientos de invitación a cuando menos
tres personas y de adjudicación directa.
Conforme a los artículos 22 fracción II, y 41 fracciones III y X de la LAASSP, para llevar a
cabo los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, es necesario que
exista de por medio un dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de la dependencia o entidad y que se presente alguno de los siguientes casos:
i. Que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificadas.
ii. Que se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya
difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de naturaleza
confidencial para el Gobierno Federal:
La contratación del Agente Colocador Global se realizaría a través del procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas, mencionado en los artículos 41 y 43 de la
LAASSP, en virtud de lo siguiente;
• La información relativa a los tiempos en los que el Gobierno Federal pretende realizar la
venta de las acciones debe permanecer confidencial, ya que de publicarse dicha
información pondría sobre aviso a los inversionistas potenciales. Estos podrían utilizar la
información para adelantarse a la venta, disminuyendo la flexibilidad del Gobierno
Federal para aprovechar la oportunidad de colocar las acciones de manera sorpresiva,
lo cual resultaría en un menor precio de venta.
• La estrategia de venta en cuanto a montos y forma de colocación debe permanecer
confidencial para evitar ataques especulativos a la acción, lo que resultaría en un menor
precio de venta.
• Mediante una licitación pública, la difusión de información sobre la oferta pública podría
generar expectativas de mercado que castigarían el precio de las acciones y/o, en su
caso, impedirían que el proceso se lleve a cabo en los plazos esperados. La
disminución en el valor de las acciones y el retraso en el proceso ocasionaría menores
ingresos y generaría costos adicionales para el Gobierno Federal.
De lo anterior se desprende la necesidad de realizar un procedimiento de invitación a
cuando menos tres agentes colocadores para garantizar la confidencialidad de la estrategia
de venta. Con ello se maximizaría el valor de venta del paquete accionario, protegiendo los
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