Informe Marco 2008 - Comisión Nacional de Energía

9. Consideraciones medioambientales
La utilización y la transformación de la energía son
actividades enormemente vinculadas al desarrollo
económico de los países. Sin embargo, estas actividades
tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, que
pueden ser de alcance local o global, o tener
consecuencias de corto o de largo plazo.
Entre los principales impactos que las actividades de
transformación de la energía tienen sobre el medio, se
encuentran la emisión de contaminantes atmosféricos,
como SO 2
, NO x
(principales causantes de las lluvias
ácidas) y CO 2
(considerado el principal causante del
efecto invernadero) y la generación de residuos
radiactivos de media y alta actividad. Asimismo, en
dichas actividades se consumen combustibles fósiles
limitados, sin ninguna responsabilidad intergeneracional.
A pesar de esta probada afección negativa sobre el
medio, los precios de la electricidad, del gas natural o de
los productos petrolíferos no recogen la totalidad del
coste de los impactos ambientales que el uso de estos
combustibles lleva asociado, ni los costes de largo plazo
por el consumo de unos recursos naturales limitados, por
lo que la asignación de recursos en los mercados
energéticos podría resultar ineficiente. Estos costes se
denominan costes sociales, porque no recaen
generalmente sobre los agentes que los ocasionan, sino
sobre la sociedad en su conjunto.
Para conseguir una asignación eficiente en un mercado
de libre competencia, existen diversas posibilidades,
alguna de ellas de difícil aplicación, como la prohibición
del uso del producto contaminante 1 y la internalización
de los costes ambientales y de largo plazo en el precio
de la energía, mediante la regulación económica de las
actividades energéticas.
1
El RD 403/2000, de 24 de marzo, por el que se prohíbe la
comercialización de gasolinas con plomo, transpuso la Directiva
98/70/CE sobre esta materia, prohibiendo este producto a partir
del 1 de enero de 2002. Esta fecha fue adelantada posteriormente
a septiembre de 2001.
La primera de las medidas mencionadas, la prohibición o
limitación de uso, no resulta de fácil implementación en
el caso de un producto como es la energía, fundamental
no sólo para el desarrollo económico, sino también para
el desenvolvimiento humano en cualquier civilización
actual desarrollada. Por este motivo, se suele pensar más
en la utilización de medidas de internalización de costes
en el precio del producto. En este caso, se suelen
introducir mecanismos de tipo “indirecto”, con el fin de
evitar en lo posible restricciones directas en el mercado.
Los instrumentos de internalización, que se emplean cada
vez con mayor asiduidad en los sectores energéticos
liberalizados, son los mecanismos fiscales, los incentivos
económicos y los instrumentos de mercado. Además,
existen otras vías de internalización complementarias,
como el fomento de la información al consumidor, con el
fin de introducir y mejorar la cultura del ahorro, y la
formalización de acuerdos voluntarios entre empresas y
Administraciones, para limitar las emisiones e
incrementar el ahorro y la eficiencia energética.
La regulación económica en los sistemas energéticos
liberalizados tiene por objeto asegurar que las actividades
liberalizadas se desarrollen en mercados lo más perfectos
posibles, mientras que las actividades reguladas se
desarrollan en régimen de monopolio con regulaciones
que promuevan su funcionamiento de la forma más
eficiente posible. La regulación trata de paliar, en lo
posible, los llamados fallos de mercado, entre otros, la
no consideración de los costes sociales.
De esta forma, en los sistemas liberalizados, el Estado
impone directamente a los agentes las condiciones de
protección del medio ambiente en las declaraciones de
impacto ambiental que acompañan a las autorizaciones
de las instalaciones 2 . En ellas, previo a un trámite de
audiencia pública, la Administración ambiental analiza la
viabilidad de la instalación desde el punto de vista
2
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos.
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