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118313. Es importante también elaborar estudios estadísticos relativos al costo dela aplicación de la prisión preventiva, los cuales, al igual que toda la información a la que seha hecho referencia en este capítulo, deberán ser de libre acceso al público. En estesentido, deberá tomarse en cuenta, tanto el costo que implica el mantenimiento depersonas en espera de juicio bajo custodia del Estado y el relativo al pago deindemnizaciones por el daño antijurídico causado por la aplicación ilegal o arbitraria deesta medida, como el costo en términos humanos derivado de los perjuicios personales,familiares o de otra naturaleza, independientemente de que la detención se hayadecretado de acuerdo con la ley.314. El contar con una estimación de costos del uso de la prisión preventiva esútil para realizar futuros análisis de costo/efectividad de la misma. Tomando en cuenta quecon otras medidas o sistemas de supervisión debidamente implementados se puedenasegurar los mismos objetivos procesales que, en principio, se buscan asegurar con laprisión preventiva, pero con una menor restricción de derechos y eventualmente a unmenor costo económico, tanto para el Estado, como para los detenidos, sus familiares y lasociedad 414 . Igualmente, un análisis de costos resulta útil para identificar malas prácticasen materia de políticas públicas y para determinar cuáles son las prioridades del aparato dejusticia penal, frente al discurso político oficial y las necesidades reales de los desafíos deseguridad ciudadana 415 .315. La Comisión Interamericana considera que es posible conciliar losenfoques de costos de la aplicación de la prisión preventiva y el cumplimiento de lasobligaciones internacionales en esta materia. Si se cuenta con la información adecuadarelativa a los costos de los distintos mecanismos de la justicia penal, y de laimplementación de otras medidas de prevención primaria y secundaria (ver supra párrs. 18y 104), es posible programar el gasto público de una forma eficiente y compatible con lasobligaciones internacionales asumidas por los Estados.316. En definitiva, toda esta información que se genera respecto del uso de laprisión preventiva debe ser utilizada para analizar el impacto real que tiene el empleo deesta medida sobre el fenómeno de la delincuencia. Esta información recogida de acuerdocon criterios metodológicos debe servir base para el diseño, adopción e implementación delas políticas criminales de los Estados, y deber ser asumida con toda seriedad de modoparticular por los gobiernos y órganos de representación popular al momento de legislarsobre esta materia.414 Fundación Paz Ciudadana, Los Costos de la Prisión Preventiva en Chile, 2008, pág 45.415 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), El costosocial y económico de la prisión preventiva en la Argentina, Documento de trabajo No. 29, 2009, págs. 9 y 10.