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55atención de VIH post-detención y pérdida de cotizaciones a la seguridad social. Pero elcosto social total promedio que esto implicó ascendió a más de 435 millones de pesos (145millones de dólares), esto incluye: el referido costo para el Estado, los costos para losdetenidos y sus familiares (sin tomar en cuenta los costos para la comunidad) 178 .128. Como ya se ha mencionado, las personas en prisión preventiva sufren unperjuicio directo en términos de la calidad de sus relaciones familiares, de la oportunidadque tengan de obtener ingresos, e incluso se encuentran en una situación de desventajaprocesal frente a aquellas personas que afrontan un proceso penal estando en libertad.Este cúmulo de afectaciones derivadas del encierro previo a juicio impactan de formamucho más intensa a personas pertenecientes a grupos vulnerables; lo que es aun másgrave cuando estas personas pertenecen a grupos económicamente en particular situaciónde riesgo, pues además son víctimas de otras formas de exclusión social.129. Además, de los costos financieros que representa para el Estado y lasociedad en su conjunto la aplicación de la prisión preventiva, existe otro costo indirectorelacionado con la adjudicación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por eldaño antijurídico causado a los ciudadanos por la aplicación de la prisión preventiva. Estees definitivamente un elemento muy importante a considerar en países como Colombia enlos que la jurisdicción interna cuenta con los mecanismos para que los ciudadanospresenten este tipo de demandas contra el Estado.130. Este tipo de estimaciones acerca de los costos financieros y humanos queimplica la aplicación de la prisión preventiva deberían servir de base para un debate serio yobjetivo acerca de la necesidad y conveniencia del uso de esta medida frente a otrasmedidas de cautelares con las que se pudiesen alcanzar los mismo objetivos procesales,pero con una menor restricción de derechos y a un menor costo, tanto para el Estado comopara los ciudadanos. Además, los análisis de costos resultan útiles para identificardeficiencias, malas prácticas e incluso anomalías en los servicios públicos de administraciónde justicia y sistema penitenciario.178 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), El costosocial y económico de la prisión preventiva en la Argentina, Documento de trabajo No. 29, 2009, págs. 23 y ss. Esteestudio, plantea entre otras cosas, que el cálculo de los gastos en que incurre el estado debería incluir tambiénaquellos indirectos del hacinamiento carcelario (pág. 34).