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120expedita previa a una sentencia emitida de conformidad con las normas del debidoproceso. El hacer ver que una mayor utilización de la prisión preventiva es una vía desolución al delito y la violencia es una falacia comúnmente esgrimida desde el poderpolítico, sin embargo no hay evidencia empírica alguna de que esto sea así. Además es unaactitud políticamente irresponsable, entre otros motivos, porque evade la responsabilidadde adoptar medidas preventivas y sociales mucho más profundas.323. El uso no excepcional de la prisión preventiva como estrategia de políticacriminal, no sólo constituye una grave violación de los derechos humanos consagrados enla Convención y en otros instrumentos internacionales, sino que es una de las principalescausas de la grave crisis de muchos de los sistemas penitenciarios de la región.324. Así, la CIDH reitera que los Estados de la región deben adoptar políticaspúblicas integrales dirigidas al sistema de justicia penal y la gestión penitenciaria, queincluyan, tanto medidas de adopción inmediata, como planes, programas y proyectos alargo plazo. Y que sean asumidas como una prioridad que comprometa a todas las ramasdel poder público, y que no dependa del mayor o menor interés que coyunturalmentepuedan darle los gobiernos de turno, ni de los avatares de la opinión pública.325. Estas políticas públicas deberán tener las siguientes característicasesenciales: (i) continuidad: ser asumidas como un asunto de Estado, y que su ejecución nose vea afectada por los sucesivos cambios de gobierno; (ii) marco jurídico adecuado: espreciso que exista un marco legal apropiado, debidamente reglamentado; (iii) presupuestosuficiente: que se disponga una asignación presupuestal suficiente, que sea incrementadaprogresivamente con el transcurso del tiempo; e (iv) integración institucional: lo queimplica un esfuerzo serio y coordinado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tantoen la formulación, como en la implementación de estas políticas. Además, y comopresupuesto esencial para la implementación de las mismas es preciso que se adopten lasmedidas conducentes a estabilizar el crecimiento de la población penitenciaria.