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3580. Por lo general, este tipo de reformas no se han venido dando comoresultado de una reflexión científica y un debate serio e inclusivo acerca de su pertinencia,viabilidad y consecuencias, sino que en muchos casos se han dado como reaccióninmediata a situaciones coyunturales en las que se dio una presión social y mediáticafrente a la inseguridad en general o en atención a determinados hechos concretos; comoparte de un discurso populista dirigido a sacar réditos políticos de la percepción subjetivade la criminalidad; y en algunos casos como respuesta a intereses concretos de algunossectores económicos 116 . Estas iniciativas muchas veces revierten los avances logrados enprocesos de adecuación de la normativa en los que, entre otros avances, se fortaleció elsistema de garantías procesales y se procuró racionalizar el uso de la prisión preventiva.Además, la aplicación de este tipo de políticas criminales ha venido teniendo un fuerteimpacto en los sistemas penitenciarios.81. Así por ejemplo, la CIDH observa que desde el 2004, año en el que seintrodujo el sistema penal acusatorio en el ordenamiento jurídico colombiano, se hanadoptado una serie de reformas legislativas que independientemente de ser compatibles ono con la Convención Americana, sí han producido, en mayor o menor medida, un impactoreal en el aumento de la población penal.82. Estas son principalmente: (a) la Ley 890 de 2004, de reforma al CódigoPenal, por medio de la cual se crean nuevos delitos 117 , se aumentan las penas mínimas ymáximas de todos los delitos 118 , y se modifica la posibilidad de acceder al subrogado penalde la suspensión condicional de la ejecución de la pena fijando su procedencia al cumplirselas dos terceras partes de la pena, cuando anteriormente requería el cumplimiento de las116 En este sentido, en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y JusticiaPenal se consideró como un hecho cierto, el que la presión comunitaria es otra de las causas que repercute en losaltos índices de hacinamiento en las cárceles. En este sentido, “en las comunidades en que la seguridad es unapreocupación, puede haber un apoyo de facto a la legislación y las políticas que contribuyen al hacinamiento enlas cárceles, incluida la utilización extensa de la detención previa al juicio. La presión que los ciudadanos ejercensobre los gobiernos, a menudo a través de los medios de comunicación, para que se penalice a los delincuentes esuna de las razones por las que las cárceles siguen siendo los principales instrumentos de castigo”. 12º Congresosobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador, Brasil, del 12 al 19 de abril de 2010. Véasedocumento técnico: Seminario sobre estrategias y mejores prácticas para prevenir el hacinamiento en losestablecimientos penitenciarios, A/CONF.213/16, publicado el 25 de enero de 2010, párr. 15. Esta realidad ha sidoobservada también por otros mecanismos de Naciones Unidas, en países como Brasil y Uruguay, véase a esterespecto: ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,Informe de la Misión a Uruguay, A/HRC/13/39/Add.2, publicado el 21 de diciembre de 2009, párr. 82; y ONU,Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Comunicado de prensa sobre conclusión de la visita a Brasil, 28de marzo de 2013. A este respecto, el RT ha manifestado, luego de observar la situación de varios países, quealgunas figuras y partidos políticos se han dedicado a explotar en las elecciones el temor generado por lapercepción general de la falta de seguridad ciudadana. ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos oPenas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe de la Misión a Brasil, E/CN.4/2001/66/Add.2, publicado el 30marzo de 2001, párr. 159.117 Delitos contra la seguridad informática para sancionar el espionaje, el sabotaje y la usurpación de lapropiedad intelectual; delitos de apoderamiento y contrabando de hidrocarburos; delitos contra el patrimonioarqueológico; y delitos específicos denominados contra los medios de prueba y otras infracciones, para preservarla integridad de los testigos, evitar la destrucción de material probatorio y demás aspectos que involucran estetipo de delitos.118 Se incrementó una tercera parte en el tope mínimo y la mitad en el máximo de todas las penasprivativas de la libertad.