6AnSGTxVa

38otras modificaciones recientes al ordenamiento penal que estarían relacionadas con lacreación y modificación de tipos penales y el incremento de penas 130 .85. De igual forma, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informóque el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela ha sido reformado en seisoportunidades durante los años 2000, 2001, 2006, 2008, 2009 y 2012, y que comoresultado de tales reformas, lejos de resolverse los problemas de la administración dejusticia penal, se ha incrementado la tasa de personas privadas de libertad por cada100,000 habitantes, pasando de 58.4 en el 2000 a 170 en 2011 131 .86. Uno de los elementos centrales de esta tendencia regional que apunta aun empleo cada vez mayor de la privación de la libertad como mecanismo de control social,es el endurecimiento de la prisión preventiva y sus diversos mecanismos. Estas reformas sehan justificado en gran medida por la percepción de algunos sectores de que el usoexcepcional de esta medida implica impunidad, o como suele decirse en el discurso delpopulismo penal, “crea una puerta giratoria” por donde salen los delincuentes al pocotiempo de haber sido aprendidos; o bien, porque se considere que determinados delitospor su gravedad o porque se presentan con cierta frecuencia deben conllevarinmediatamente el encarcelamiento del acusado. Pero sobre todo por un sentimiento deinseguridad ciudadana y de desconfianza hacia el sistema de justicia. Por lo que en lapráctica, se recurre en ocasiones a la prisión preventiva como una pena anticipada o unaforma de justicia expedita, desnaturalizándose por completo su finalidad procesal cautelar–en Chile el 70% de los jueces entrevistados en una encuesta estuvo de acuerdo en que laprisión preventiva es utilizada en ocasiones como una pena anticipada 132 –. Y es que endefinitiva, como observa el CEJA, los cuestionamientos a la plena vigencia de los principiosde presunción de inocencia y excepcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva, “nose dan en el terreno del debate legal, sino desde fuera del mismo y desde lugares donde laargumentación de principios pareciera no tener mayor efecto o tener uno bienlimitado” 133 .87. De acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Estudios de Justiciade las Américas (CEJA), en el lapso de nueve años comprendido entre 1999 y 2008 seaprobaron en once países de la región dieciséis reformas legales (a lo largo de este capítulo130 Ley Contra el racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley 045 del 8 de octubre de 2010), Ley deProtección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 054 del 8 de noviembre de 2010), Ley de Pensiones (Ley 065de 10 de diciembre de 2010), Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza (Ley 100 de 4 de abril de 2011), Ley Contrael Financiamiento del Terrorismo y Separatismo (Ley 170 de 9 de septiembre de 2011), el Código ProcesalConstitucional (Ley 254 del 5 de julio de 2012), Ley de Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos dePersonas Vinculadas con Acciones y Financiamiento de Terrorismo (Ley 262 del 31 de julio de 2012), Ley sobreTrata de Personas (Ley 263 del 31 de julio de 2012), y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley 264del 31 de julio de 2012).131 Respuesta al cuestionario de consulta con motivo del “Informe temático sobre prisión preventiva enlas Américas” de la CIDH, Observatorio Venezolano de Prisiones, 2 de octubre de 2012.132 Fundación Paz Ciudadana, Encuesta de opinión de jueces: Evaluación de las medidas cautelarespersonales y otros temas relacionados, 2010, pág. 11.133 CEJA, Sistemas Judiciales – Prisión Preventiva, Año 7, No. 14: Cristian Riego, Una nueva agenda parala prisión preventiva en América Latina, p. 7.