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119VII.CONCLUSIONES317. El uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemasmás graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA en cuanto alrespeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. El uso excesivo oabusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema deadministración de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad democrática, enla que se respete el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia.318. El sistema procesal penal en una sociedad democrática se funda en laprimacía de la dignidad de la persona humana y en los derechos fundamentales que le soninherentes, entre los cuales se encuentran la garantía de la libertad personal, el derecho aldebido proceso y la presunción de inocencia, lo que se traduce en el derecho de todapersona a permanecer en libertad durante el proceso penal.319. La prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y suaplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Esta medida procede única y exclusivamenteen los casos y conforme a los requisitos expresamente previstos por la Ley, y sólo esadmisible cuando se dirige a cumplir sus fines legítimos, que conforme al artículo 7.5 de laConvención Americana son los siguientes: (a) prevenir el riesgo de que el imputado eluda laacción de la justicia, para lo cual se podrá tener en cuenta su nivel de arraigo en lacomunidad, su conducta durante el proceso, la gravedad de la imputación y la eventualcondena; o (b) evitar que obstruya el normal desarrollo de las investigaciones o el proceso,para lo cual podrá valorarse la capacidad del acusado de alterar gravemente las pruebas,influir en los testigos o inducir a terceras personas a cometer estos actos.320. Es una garantía básica del debido proceso y de la presunción de inocenciaque el imputado cuente con un recurso judicial efectivo ante una autoridad judicialindependiente que le permita controvertir la decisión de mantenerlo en custodia duranteel proceso. De forma tal que se que garantice a plenitud el derecho de defensa delimputado, y que se atribuya a la autoridad judicial competente el deber de realizar unanálisis integral de todos los aspectos procesales y sustantivos que sirvieron defundamento a la decisión recurrida y que no se limite a una simple revisión formal.321. De igual forma, en vista que el periodo de detención preventiva duranteel que se mantiene a un imputado no debe exceder un plazo razonable, el Estado tiene eldeber de revisar periódicamente la vigencia de las circunstancias que motivaron suaplicación inicial. En este sentido, el juzgador deberá evaluar periódicamente si ladetención preventiva de una persona sigue siendo razonable y necesaria para elcumplimiento de sus fines legítimos.322. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos ladetención de una persona previa a la emisión de una sentencia definitiva debe ser laexcepción y no la regla, precisamente en función del derecho a la presunción de inocencia.Por eso, es una distorsión del estado de derecho y del sistema de justicia penal el que seutilice la prisión preventiva como una suerte de pena anticipada o como una vía de justicia