Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios

Lag. Junín
El Callao
Lima
Océano
Pacífico
HUANCAVELICA
RUTA DEL AZOGUE
Provincias afectadas por la mita minera
Huancavelica
Potosí
Minas de azogue
Minas de plata
Ciudades principales
Puerto
Ruta del azogue
Río
Fuente: Maldonado & Estacio.
Huamanga
La era del virrey Toledo
En 1569, Francisco de Toledo fue enviado de
España por el rey Felipe II para asumir el cargo
de virrey del Perú en el periodo 1569–1581. Se
esperaba que Toledo instalase reformas políticas
para subordinar a los nativos (especialmente en
los Andes), proporcionar trabajadores adecuados
para las minas y aumentar el ingreso total para el
Mapa 3-1
El azogue en el Virreinato del Perú
CASTROVIRREYNA
Cusco
Lago Titicaca
Juli
Arica
Río Desaguadero
tesoro real. Aunque Toledo legisló sobre varios
aspectos, los tres más influyentes fueron: i)
congregar a los pueblos indígenas en grandes
ciudades estratégicas, ii) imponer un sistema
de tributación regularizado y iii) establecer
la mita, régimen de trabajo forzoso para
apoyar las minas de plata de Perú y Alto Perú
(Bolivia).
La Paz
Oruro
POTOSÍ
La Plata
A partir de 1573, los pueblos indígenas
dentro de una región contigua tenían
que proporcionar un séptimo de su
población masculina adulta como
trabajadores rotativos de mita a Potosí
o Huancavelica. Para establecer el
número mínimo de reclutas necesarios
para revivir la producción a los niveles
de 1550, Toledo encargó un inventario
detallado de minas y procesos de producción
en 1571 (Bakewell, 1984; Levillier, 1921). De
igual manera, se dictaron la monopolización
y el control de la producción de mercurio de
la mina de Huancavelica por parte de la Real
Corona, así su producción e ingresos fueron
controlados.
Las Ordenanzas de Minas de Toledo
aclararon las condiciones de las minas y
las responsabilidades de los propietarios.
Dentro de esta ley, aunque en la práctica
pudo no haberse cumplido, había
elementos para prevenir la inhalación de
gas de mercurio de los trabajadores y la
manipulación del mercurio. Asimismo, se
estipulaba la construcción de hospitales para
el tratamiento de enfermedades, el número
de días y el monto de la indemnización
para los gastos del tratamiento de los
trabajadores. La minería peruana fue
dotada de una reglamentación jurídica
como nunca había tenido y su solidez quedó
avalada por haberse mantenido en vigor
hasta el último tercio del siglo XVIII, cuando
fueron adaptadas en Perú las Ordenanzas
de Minería de la Nueva España. La
disponibilidad de mano de obra abundante y
barata, así como el mejor aprovechamiento
de los minerales con las nuevas técnicas,
propiciaron un espectacular crecimiento que
no se detendría hasta las primeras décadas
del siglo XVII (Benson, 2012).
Los precedentes de La Gasca (presidente
de la Real Audiencia en 1546) y del Conde
De Nieva (IV virrey del Perú), varias veces
aludidos en estas ordenanzas, confirman las
firmes bases sobre las que actuó. Además,
el asesoramiento de los juristas Juan de
Matienzo y Polo de Ondegardo, las dotó de
un alto nivel. Más tarde, en 1683, fueron
incluidas en el libro III de la Recopilación de
Ordenanzas del Perú, compiladas por Tomás
de Ballesteros y publicadas dos años después
(Molina, 1998).
El Título X habla de reglamentar el trabajo
de los indios y, por su incidencia sobre la
mano de obra, constituye un magnífico
punto de referencia para calibrar el espíritu
de las disposiciones toledanas sobre este
particular (Molina, 1998). Considerado
como un verdadero estatuto laboral que
atendía a evitar abusos y excesos, se
extendía minuciosamente en fijar horarios
y condiciones de trabajo, jornales y fiestas.
Estipulaba que la jornada laboral durase
desde hora y media después de salir el sol
hasta su puesta, con descanso al mediodía
de una hora. El minero estaba obligado a
trabajar y poblar la mina, si no quería perder
sus derechos sobre ella, en el plazo de 60
días. Con relación a la jurisdicción minera,
la autoridad judicial y administrativa era el
alcalde mayor de minas, auxiliado por un
escribano.
Las Ordenanzas comenzaban exponiendo
una rotunda defensa de la regalía minera, a
la que seguía la proclamación de libertad de
cateo y registro de minas a todos los vasallos
e, incluso, extranjeros (Molina, 1998). Se
dispuso que el derecho de propiedad de
las minas fuera del Rey de España, el cual
concedería a sus vasallos el derecho de
su aprovechamiento y el pago de tributos
(un impuesto de 20% de la producción,
denominado “quinto real”, establecido por
el rey de España en 1504 para las minas de
todas las colonias y el sector joyería). Estas
ordenanzas rigieron en el Perú, Chile y
Argentina.
En cuanto a los registros, fijaban un plazo de
30 días desde el descubrimiento y existía un
máximo de seis minas a las que podía aspirar
Foto: virrey Toledo. Fuente: Museo Nacional de
Antropología, Arqueología e Historia, Lima.
un solo propietario. El excedente, calificado
como “demasía”, podía ser denunciado por
un tercero pidiendo su adjudicación. Estas
ordenanzas mantenían tres obligaciones
básicas para que los mineros puedan
conservar su derecho a explotar: i) ahondar
la mina, ii) tenerla poblada y iii) pagar los
tributos (Vergara, 1992).
Dada la importancia del azogue en la
obtención de la plata, estas minas quedaban
bajo un régimen especial: su producción
debía venderse al Estado y la explotación
abarcaba 30 años o, en su defecto, hasta la
muerte del propietario, tras lo cual pasaban
a poder del rey. El Título V establece las
normas para el laboreo de la mina y la
seguridad de los operarios, lo que arroja
indudables luces acerca del régimen de
explotación y conocimientos técnicos
(Molina, 1998).
112
113