Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios

mediana minería que iniciarían operaciones.
Entre otras disposiciones se encuentran la
simplificación del proceso administrativo para
obtener la titularidad minera y la eliminación
de la caducidad de los derechos mineros por
falta de pago del canon, la clasificación de
las concesiones mineras como metálicas,
carboníferas, no metálicas y geotérmicas 14 ,
entre otras (Dammert y Molinelli, 2007).
El Decreto Legislativo N o 109 estaba diseñado
con un esquema de varios tipos y clases de
concesiones (por ejemplo, se distinguía entre
concesiones de exploración, explotación
y refinación, junto con las concesiones de
beneficio, labor general y transporte minero),
y que inclusive diferenciaba a las concesiones
por las clases de minerales extraídos, a efectos
de aplicarles regímenes diferenciales (como
el de la Ley de Promoción Aurífera, Decreto
Ley N o 22178). Este régimen establecía
varios tipos de concesiones y era bastante
complejo. Estaba pensado para una economía
en la cual el Estado tenía una participación
preponderante a nivel empresarial en la
actividad minera (básicamente mediante
sus empresas sectoriales como Centromín
Perú, que ejercía actividad minera extractiva
y de exploración; Minero Perú, que ejercía
la actividad de comercialización de los
minerales, y el Banco Minero).
Desde los inicios de la década
de los noventa se realizaron una
serie de reformas estructurales
orientadas hacia un rol menos
preponderante de la actividad
empresarial del Estado y al
fomento de la inversión privada.
A pesar del cambio de legislación, este
no prosperó debido a una situación
desfavorable de la minería en gran parte
de la década de 1980 15 . Por ejemplo, a
mediados de los años ochenta, el precio
del cobre registró una caída a cerca de 60
centavos de dólar por libra, lo cual conllevó
al cierre de varias minas. Asimismo, el
precio del oro, la plata y el plomo también
mostraron esta tendencia afectando a
las empresas que estaban fuertemente
endeudadas por las inversiones en años
pasados (Grade, 2007). En consecuencia,
se creó el Fondo de Consolidación Minera
(Focomi), que dispuso de US$ 120 millones
y se habilitó una línea de crédito por US$ 40
millones mediante el Banco Minero. El
objetivo era ofrecer condiciones favorables
para las empresas (Grade, 2007).
Las empresas mineras nacionalizadas
seguían operando incluso a pérdida,
debido a que el gobierno debía asegurar
el ingreso de divisas necesarias para cubrir
el presupuesto nacional. La mayoría de
las empresas se descapitalizaron en este
periodo, incluso aquellas cuyas operaciones
resultaban rentables, ya que no poseían
independencia financiera y sus ingresos
eran dispuestos directamente por el
gobierno central (Becker, 1983).
Para finales de esta década, el alicaído
desempeño de la economía peruana
afectó al sector minero. La hiperinflación
y el control cambiario influenciaron en el
deterioro de la rentabilidad de la minería.
En este periodo, las inversiones mineras se
redujeron al mínimo, causando el desgaste
y obsolescencia de las instalaciones. Las
cifras de los activos fijos de las empresas de
mediana minería pasaron de US$ 139 millones
en el periodo 1975-1979 a US$ 203 millones
para el periodo 1980-1984, registrando un
incremento de 46%. Sin embargo, para el
periodo 1985-1989 los activos cayeron a US$ 177
millones de 1995 (Campodónico, 1999).
A principios de 1990, el Perú se encontraba
en la peor crisis económica de su historia
republicana debido a que sufrió el periodo
más largo de inflación y recesión. La causa
fue la aplicación de un “modelo económico,
en el cual se asignaba al Estado un papel
central en las decisiones sobre política
económica” (Grade, 2007, p. 352) y, como
consecuencia, al empleo de una serie de
políticas económicas que distorsionaban
la asignación eficiente de los recursos y
creaban un clima de expectativas negativas.
Reformas estructurales
en la década de 1990: el
Texto Único Ordenado
de la Ley General de
Minería y el Decreto
Legislativo N o 708
Desde inicios de la década de 1990, con el
nuevo gobierno, se tomaron una serie de
medidas destinadas a incentivar la inversión
en el sector minero (Galarza, 2004). Así,
se implementó un agresivo proceso de
reformas estructurales orientadas a reducir
la intervención del Estado y a eliminar las
distorsiones en la economía heredada del
anterior gobierno. Este conjunto de cambios
incluyó una liberalización del comercio
exterior y una reforma tributaria (Pascó-
Font y Saavedra, 2001). En 1990, el Estado
había asumido la deuda y la cartera pesada
del Banco Minero (Grade, 2007).
De este modo, se promulgó una serie de
disposiciones legales para favorecer la
inversión privada, por ejemplo, el Decreto
Legislativo N° 662, Ley de Promoción de las
Inversiones Extranjeras, y el Decreto Legislativo
N° 674, Ley de Promoción de la Inversión
Privada de las Empresas del Estado. Esta
última declaró de interés nacional la inversión
privada en el ámbito de las instituciones que
conformaban la actividad empresarial del Estado,
para lo cual se crearon los órganos a cargo de la
inversión privada. Así, en la década de 1990, el
sector minero sería testigo de grandes cambios
en la normativa minera peruana.
Se inició también un proceso de privatización
de los activos estatales y se pusieron en venta
las empresas Centromín Perú, Hierro Perú,
Tintaya y las refinerías de Ilo y Cajamarquilla
(ver recuadro 3-4). El gráfico 3-6 muestra una
recuperación en el Producto Bruto Interno
(PBI) minero durante los años noventa, cuando
se ejecutaron las reformas estructurales.
En 1991, mediante el Decreto Legislativo
N o 708, se aprobó la Ley de Promoción
de Inversiones en el sector minero, que
“reguló aspectos relacionados al ambiente,
introduciendo tres instrumentos para limitar
la contaminación ambiental: los Estudios
de Impacto Ambiental (EIA) para las nuevas
operaciones, los programas de adecuación y
manejo ambiental (PAMA) para las operaciones
en funcionamiento y las auditorías internas”
(Proyecto MMDS, 2002, p. 546). Asimismo,
se dispuso que la concesión minera se diera
en las actividades de exploración, beneficio,
labor general y transporte minero. El cateo,
la prospección y la comercialización fueron
considerados como actividades libres sin la
necesidad de un acto administrativo previo.
Con esta disposición, la ley se adecua a un
modelo de economía liberal por la existencia
de la libre comercialización y contratación.
Como consecuencia del cambio que generó
este decreto legislativo en la Ley de Minería
de 1981, en 1992 se promulgó el Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería 16
(TUO), aprobado por D.S. N o 014-92 EM. Estos
cambios en la legislación minera se realizaron
con la finalidad de modernizar la estructura
de producción, así como facilitar y atraer la
inversión privada dentro del país.
Las medidas implicaron lo siguiente: i) estabilidad
tributaria, cambiaria y administrativa no menor
a 10 años; ii) libertad de remisión de utilidades
y libre comercialización; iii) depreciación
acelerada hasta en cinco años; iv) disminución
de las tarifas arancelarias y reformas de aduanas
y puertos; y v) deducción de las inversiones en
infraestructura de servicios públicos para el
cálculo de la base imponible para el impuesto a
la renta (IR), así como la deducción de los tributos
Proceso de fundición. Fuente: MEM.
relacionados con el proceso de producción. A
estas medidas del marco regulatorio se suma
el proceso de privatización de las operaciones
mineras estatales iniciado en los primeros años
de la década de 1990, el cual se analizará más
adelante (Galarza, 2004, p. 277). La ilustración
3-7 muestra la recopilación normativa
republicana desde 1821 hasta 1992.
La reforma del Decreto Legislativo N o
708 preservó la estructura que el TUO
denominaba jurisdicción administrativa
minera (y que incluye a la Dirección
General de Minería y al Consejo de
Minería como autoridades administrativas
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