Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios

La Ley General de
Minería de 1971
Tras el golpe de Estado del 3 de octubre de
1968, la Junta Militar designó al general Juan
Francisco Velasco Alvarado como presidente
del gobierno militar. En sus inicios, en el Perú se
vivió un entorno favorable, beneficiado por los
altos precios de los commodities. Sin embargo,
durante 1971, el precio de exportación del
cobre y de otros metales se redujo. Del mismo
modo, el volumen de minerales para exportar
también decreció, producto de las constantes
huelgas que se dieron en las minas más
importantes del país.
Bajo este contexto, el gobierno del general Juan
Velasco se basó en un enfoque de desarrollo,
donde el crecimiento económico estaba
directamente relacionado a la transformación
de la sociedad, con lo cual se buscó una mayor
participación popular en la vida económica,
social y política del país. En ese sentido, el
Estado pasó a tomar un rol más activo en la
economía; por ello, el régimen promovería
diversas reformas de corte nacionalista
en sectores de la economía considerados
estratégicos. Así, se creó el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) mediante Decreto
Ley N° 17271 del 3 de diciembre de 1968, y
el 21 de marzo de 1969 se promulgó la Ley
Orgánica del Sector Energía y Minas. El MEM
inició sus actividades el 1 de abril de 1969 con
los subsectores de electricidad, hidrocarburos
y minería. En el artículo 15 de dicho Decreto
se considera que “corresponde al MEM dirigir,
regular y fomentar las actividades mineras y
energéticas del país”.
Las compañías mineras extranjeras que se
habían negado, tras prolongadas negociaciones,
a realizar de inmediato la explotación de nuevas
minas de cobre a gran escala, se vieron privadas
de sus concesiones no explotadas a finales
de 1970 (Bertram & Thorp, 2013). La nueva
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empresa Minero Perú recibió el monopolio de
la comercialización del mineral de exportación
y, a principios de 1971, se hizo cargo de
explotar los yacimientos expropiados.
Asimismo, se creó Minero Perú Comercial
(Minpeco), para comercializar los productos
de las minas y las compañías operadas por
Minero Perú.
El 8 de junio de 1971, por Decreto Ley
N o 18880, se promulgó la Ley General
de Minería, la cual divide la minería en
dos grandes campos: la industria minera
privada y las empresas estatales. Luego de
la publicación de la Ley, las empresas que
no presentaron nuevos proyectos fueron
expropiadas por el gobierno militar. Así, se
obligó a la empresa a devolver las concesiones
mineras que no había explotado. En realidad,
en ese momento se inició una nueva etapa
de la minería peruana, en la cual el Estado
pudo entregar concesiones a inversionistas
realmente interesados en poner en marcha las
minas. Antes las grandes compañías mineras
no explotaban sus concesiones ni dejaban que
otras empresas ingresaran al negocio.
El régimen experimentó problemas iniciales con
Estados Unidos, dada la nacionalización de la
industria minera; sin embargo, fueron resueltos
durante 1972-1973, cuando Perú recibió
importantes préstamos del Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, así como
de bancos privados. En 1973 se creó el Instituto
Científico y Tecnológico Minero (Incitemi), cuyas
funciones eran fomentar, coordinar, orientar y
ejecutar investigaciones y trabajos científicos
y tecnológicos aplicados a las actividades de la
industria minera.
La idea central de la política del gobierno era
fomentar la expansión de la capacidad de
producción y refinación con la ayuda de capital
extranjero, pero asegurando el control del
Estado de los recursos naturales. El gobierno
intentó eliminar cualquier incertidumbre
por parte de los inversores extranjeros
mediante un sistema similar a los realizados
en el campo de petróleo, con lo cual los
beneficios se repartían entre el gobierno y
los inversores extranjeros, y las instalaciones
eran apropiadas por el Estado.
El 1 de enero de 1974, el gobierno
expropió la Cerro de Pasco Corporation
y se formó Centromín Perú. El 25 de julio
de 1975, el Estado obtuvo los yacimientos
de hierro de Marcona que pertenecían
a Marcona Mining Company y se fundó
Hierro Perú. La presencia del Estado creció
en forma importante en la gran minería,
llegando a controlar la mayor parte de la
producción de los principales minerales
metálicos. De igual forma, se efectuaron
fuertes inversiones públicas en diversos
yacimientos como en Cerro Verde, la
expansión de Cobriza y otros; en refinerías
de cobre en Ilo y de zinc en Cajamarquilla.
El capital extranjero desarrolló otro gran
proyecto de cobre bajo contrato con el
Estado: el de la Southern Perú Copper
Corporation en la mina Cuajone a partir de
1969, que entró en producción en 1976.
La Southern Perú Corporation era
una compañía que contaba con un
gran desarrollo tecnológico y dejaba
buenos dividendos al Estado. Por ello,
continuó operando con la mayoría de
las concesiones anteriores, gracias a
la presión de los bancos y agencias
internacionales de crédito, con los cuales
se buscaba la renegociación de la deuda
externa. Es preciso indicar que durante
1968, la excesiva repatriación de utilidades
generó una investigación por una comisión
oficial que llevó al Estado a renegociar el
contrato de Toquepala. Así, los impuestos
de la compañía se incrementaron de un 30%
a un 51% de los beneficios netos. El impacto
de esta y otras medidas del gobierno, logró
aumentar el valor de retorno local del sector
minero de 53% a 63% en 1966, a 76% en 1971
y a un significativo 81% en 1973, bajo una
mayor presión del régimen militar.
En el plano institucional, en 1977, el Servicio
de Geología y Minería recibe el nombre de
Instituto de Geología y Minería (Ingeomin).
De igual manera, en 1978 se expide el Decreto
Ley N o 22178 para fomentar la explotación
de oro, e Ingeomin realiza una intensa
exploración con la cooperación técnica
internacional (Tumialán, 2013). En 1979 el
Incitemi y el Ingeomin se fusionan bajo la
denominación de Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (Ingemmet), y destaca, entre
sus funciones importantes, el cartografiado
geológico del Perú.
Creación del
Ministerio de
Energía y Minas
Ilustración 3-6
Historia de la minería (1968-1998)
La ley establecía que la actividad empresarial
del Estado era factor esencial en el desarrollo
de la industria minera, principio que sustenta
la creación de Minero Perú como la gran
empresa estatal de minería, así como el
establecimiento de las normas que habrán
de regir las empresas en las que el Estado
participará en concurrencia con el sector
privado. La ilustración 3-6 resume los
principales hitos económicos en los años
comprendidos entre 1968 y 1998.
Ley General de
Minería de 1981
Luego de 12 años de gobiernos militares
liderados por el general Juan Velasco A. y el
general Francisco Morales Bermúdez C., en
1980 asumió el gobierno Fernando Belaúnde
Terry. En 1978, el gobierno militar había
convocado a una Asamblea Constituyente,
cuyos miembros, elegidos en 1979,
1968 1991 1996 1998
1974 1993-1994 1997
Se expropió la
CPMC y se creó
Centromín.
Subasta bursátil
de las acciones
del Estado en
Buenaventura y
Condestable
La mina Yanacocha
produce su primera
barra de doré (1993).
Se realizó la venta de
las empresas Cerro
Verde, Tintaya, la
refinería de zinc de
Cajamarquilla y la
refinería de Ilo.
El yacimiento de
Antamina fue
adquirido por las
mineras canadienses
Río Algom e Inmet.
Fuentes: Campodónico (1999) y Grade (2007). Elaboración: GPAE-Osinergmin.
Se vendió
el Complejo
Metalúrgico La Oroya
y la mina Mahr-
Túnel a la empresa
estadounidense Doe
Run.
Se vendió la mina
Cobriza a Doe Run.
redactaron la nueva Constitución que
regiría en el país luego de las elecciones
presidenciales convocadas para 1980. En
el mandato de Belaúnde acontecieron tres
hechos que produjeron efectos adversos
sociales y económicos: el fenómeno El
Niño, que originó sequías e inundaciones
en varias zonas del país; la crisis de
violencia, producto del nacimiento del
movimiento terrorista Sendero Luminoso;
y la crisis económica mundial, que trajo
como consecuencias la caída de los precios
de las exportaciones y el incremento de la
deuda externa (Portocarrero, 2000).
A partir de 1981, la economía peruana
comenzó a sufrir graves dificultades
en la balanza de pagos. Las reservas
internacionales descendieron, el sector
público se encontraba en déficit debido a los
bajos precios de exportación, así como a los
mayores gastos y retrasos en algunos ajustes
de precios. La inflación alcanzó una tasa sin
precedentes de 111% entre 1983 y 1984.
Con el reinicio de la democracia, en 1981,
según Decreto Legislativo N o 109, el
Estado promulgó una nueva Ley General
de Minería, la cual tenía como objetivo la
integración de la actividad promocional
del Estado para un uso eficiente de los
recursos mineros, así como el incremento
de la producción y la explotación de los
yacimientos del Perú. Por consiguiente,
establece al sector minero como pieza
fundamental de promoción social y del
desenvolvimiento económico nacional. El
Decreto Legislativo N o 109 terminó con el
monopolio de la empresa estatal Minpeco
en el comercio exterior y dictó una serie de
medidas a favor de la inversión, así como
un sistema de depreciación acelerada
para bienes de capital y la exoneración
tributaria por 10 años para empresas de
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