Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios

VIRREINATO
MEXICANO
Alta
California
Leyenda
Sonora y Sinalda
Nuevo
México
Fuente y elaboración: Universidad de Alcalá.
Mapa 3-2
Organización territorial de las colonias
españolas a inicios del siglo XIX
Nueva
Vizcaya
Texas
Coahila
Ciudad de
México
Nuevo
León
870 199 hab.
Nuevo
santander
Guatemala
El Salvador
Lusiana
Costa Rica
Las Floridas
CAPITANÍA GENERAL
DE GUATEMALA
Honduras
1 046 003 hab.
4240 037 hab.
Virreinato de la Nueva España
Capitanía General de Cuba
Capitanía General de Guatemala
Capitanía General de Puerto Rico
Virreinato de Nueva Granada
Capitanía General de Venezuela
Virreinato de Perú
Virreinato del Río de la Plata
Capitanía General de Chile
Cuba
Nicaragua
Panamá
PERÚ
VIRREINAL
1 400 000 hab.
5 837 100 hab.
Quito
800 000 hab.
400 000 hab.
522 658 hab.
Puerto Rico
Santa Fé
VIRREINATO DE
NUEVA GRANADA
Perú
CAPITANÍA GENERAL
DE PUERTO RICO
CAPITANÍA GENERAL
DE VENEZUELA
Venezuela
Guyanas
AUDIENCIA
DE QUITO
Chile
950 000 hab.
Alto
Perú
Paraguay
Río de la
Plata
VIRREINATO RIO
DE LA PLATA
Banda
Oriental
Brasil
Montevideo
Buenos Aires
680 000 hab.
97 480 hab.
30 000 hab.
La necesidad de un nuevo cuerpo de leyes
para la minería había sido ya planteada por
el visitador José de Gálvez en su Informe
General de 1771. Asimismo, en 1776, el Rey
Carlos III mandó al Perú al visitador José
Antonio de Areche con el fin de realizar
una serie de cambios para beneficio de
la Corona. Tener un ordenamiento legal
propio fue uno de los clamores de los
mineros en el Virreinato de Nueva España.
Hasta 1777 y, con mayor exactitud 1783,
la minería del Virreinato estuvo regida
por las leyes de Felipe II, que databan de
la Recopilación de 1584. Eran las mismas
que regían para la minería española. En
este sentido, la preocupación por el sector
minero sobre una adecuada legislación fue
un tema recurrente durante el siglo XVIII.
Los mineros llegaron a constituir un grupo
muy poderoso económicamente. El Rey,
en pleno siglo XVIII, les otorgó privilegios
que trataban de arrebatar a otros grupos.
Las ordenanzas, que sustituían a la antigua
legislación, se ajustaban en buena medida
a las propuestas que los mineros de la
Nueva España habían hecho al monarca.
Como solución al estado de postración,
los apoderados proponían, además de
nuevas ordenanzas, la necesidad de contar
con un cuerpo ejecutivo que normase la
marcha del sector (Tribunal de Minería),
la conformación de un seminario de
minería para la educación de los mineros
(que yacían en el peor y más bárbaro
empirismo) y, lo más importante, la
creación de un fondo dotal para el sector
que pudiera aliviar sus necesidades
financieras (Contreras, 1996).
Todas estas medidas se plasmaron en
un ordenamiento legal en 1783. En ese
año se promulgaron las Nuevas Ordenanzas
para el sector minero, las denominadas Reales
Ordenanzas para la dirección, régimen y
gobierno del importante cuerpo de la Minería
de Nueva España y de su Real Tribunal General
(en adelante, Ordenanzas de Nueva España).
Las Ordenanzas de Minería de Nueva España
o de México fueron aprobadas el 23 de mayo
de 1783, y se dispuso su aplicación al Perú por
medio de las 56 Declaraciones de Escobedo,
oficializadas por el Rey Carlos III por Real Cédula
del 8 de diciembre de 1785.
Las Ordenanzas de Nueva España estaban
divididas en 19 títulos y formarían un libro de
no más de 60 u 80 páginas. Los títulos del I al
IV tratarían del Tribunal General de Minería,
Jueces y Diputados Reales de Minería, modos
de elegirlos, jurisdicción y procedimientos en
las instancias; el V, del dominio de las minas y su
concesión; el VI, del descubrimiento y la petición
de minas; el VII, de quienes pueden descubrir,
denunciar y trabajar; el VIII, de las pertenencias
y demasías; el IX, de la explotación; el X, de
las minas de desagüe; el XI, de las minas de
Compañía; el XII, de los operarios e ingenieros
de minas; el XIII, de las aguas y provisiones; el
XIV, de los maquileros; el XV, de los aviadores 5 ;
el XVI, de los bancos de avío; el XVII, de los
peritos y del beneficio de minas; el XVIII, de la
enseñanza de minas; y, el XIX, de los privilegios
de las minas 6 .
Estas Ordenanzas permitían a la Corona ejercer
el dominio de los recursos minerales, es decir
fueron consideradas bienes nacionales, y las
minas eran otorgadas en propiedad a quien
las descubriera u otro. Algunos de los artículos
señalaban que las minas eran de dominio de la
Corona por naturaleza y origen; así, sin dejar de
ser propiedad de la Corona, eran concedidas a
los vasallos para que ellos las vendan, arrienden,
donen o puedan darlas en herencia 7 . Las
minas se concedían siempre y cuando fuesen
trabajadas y se contribuyese a la Hacienda Real
según los metales que se extraían 8 .
Con estas ordenanzas, España buscaba
modernizar la minería, ya que la economía
del país giraba en torno a ella. Además, un
incremento en la producción de metales
significaría mayores rentas para la Corona. Por
otro lado, las condiciones de trabajo no fueron
abordadas dentro de las Ordenanzas de Nueva
España. Asimismo, se creó el Tribunal General
de Minería, el cual fue un cuerpo que además
de agrupar a los empresarios del sector,
tendría facultades de gobierno y discreción
jurisdiccional en los asuntos contenciosos
mineros. Esto significaba, en buena medida,
emancipar a la minería del control del Estado
en materia de gobierno y de la Audiencia en
materia judicial. Los largos litigios causaban
paralizaciones de la producción y otros diversos
perjuicios a los mineros y, en consecuencia, se
afectaba al propio Estado y al Rey.
Siguiendo a Molina (1981), la aplicación de estas
ordenanzas en el Perú no tomaba en cuenta
las diferencias existentes entre el Virreinato
del Perú y la Nueva España. Jorge Escobedo,
el visitador que reemplazó a José Antonio de
Areche, intentó adaptarlas a la realidad del
país con el fin de consolidar el nuevo sistema
de intendencias. Las 56 Declaraciones de
Escobedo son la aplicación de las Ordenanzas
de Nueva España con ciertas modificaciones
relacionadas a la situación minera que
atravesaba el Perú en ese momento. En
muchos casos, estas declaraciones llevaron a
restringir las facultades y funciones del virrey,
siendo trasladadas a las intendencias 9 , a
diferencia de lo que indicaban las Ordenanzas
de Nueva España. El virrey Teodoro de Croix vio
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