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SG-JRC-0576-2012

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establece.<br />

<strong>SG</strong>-<strong>JRC</strong>-576/<strong>2012</strong><br />

Y ACUMULADOS<br />

De igual manera, el párrafo segundo del artículo<br />

en mención establece que las normas relativas a<br />

derechos humanos se interpretarán de<br />

conformidad con la Constitución y con los<br />

tratados<br />

internacionales de la materia,<br />

favoreciendo en todo tiempo a las personas la<br />

protección más amplia.<br />

Asimismo, establece la obligación de todas las<br />

autoridades, en el ámbito de sus competencias,<br />

de promover, respetar, proteger y garantizar los<br />

derechos humanos de conformidad con los<br />

principios de universalidad, independencia,<br />

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,<br />

el<br />

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y<br />

reparar las violaciones a los derechos humanos<br />

en los términos<br />

que establezca la ley.<br />

Por su<br />

parte, el artículo 133 de la Carta Magna<br />

dispone:<br />

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del<br />

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos<br />

los Tratados que estén de acuerdo con la misma,<br />

celebrados y que se celebren por el Presidente de<br />

la República, con aprobación del Senado, serán la<br />

Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de<br />

cada Estado se arreglarán a dicha Constitución,<br />

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en<br />

contrario que pueda haber en las Constituciones o<br />

leyes de los Estados”.<br />

Por lo que es claro que al resolver en torno a la<br />

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