SG-JRC-0576-2012
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establece.<br />
<strong>SG</strong>-<strong>JRC</strong>-576/<strong>2012</strong><br />
Y ACUMULADOS<br />
De igual manera, el párrafo segundo del artículo<br />
en mención establece que las normas relativas a<br />
derechos humanos se interpretarán de<br />
conformidad con la Constitución y con los<br />
tratados<br />
internacionales de la materia,<br />
favoreciendo en todo tiempo a las personas la<br />
protección más amplia.<br />
Asimismo, establece la obligación de todas las<br />
autoridades, en el ámbito de sus competencias,<br />
de promover, respetar, proteger y garantizar los<br />
derechos humanos de conformidad con los<br />
principios de universalidad, independencia,<br />
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,<br />
el<br />
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y<br />
reparar las violaciones a los derechos humanos<br />
en los términos<br />
que establezca la ley.<br />
Por su<br />
parte, el artículo 133 de la Carta Magna<br />
dispone:<br />
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del<br />
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos<br />
los Tratados que estén de acuerdo con la misma,<br />
celebrados y que se celebren por el Presidente de<br />
la República, con aprobación del Senado, serán la<br />
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de<br />
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución,<br />
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en<br />
contrario que pueda haber en las Constituciones o<br />
leyes de los Estados”.<br />
Por lo que es claro que al resolver en torno a la<br />
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