Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
La aplicación por parte de los magistrados en los casos concretos de estos
estándares no supone necesariamente la declaración de inconstitucionalidad
de las normas sancionadas por el Congreso o las Legislaturas locales
ya que “… las leyes no deben ser declaradas inconstitucionales cuando mediante
alguna interpretación razonable de las mismas, puedan armonizarse
con la Constitución” 8 .
Esto signifi ca que al aplicar las normas penales sustantivas o procesales los
jueces deben intentar otorgarles una interpretación que las haga compatibles
con los principios de igualdad de género. Esa obligación debe ser cumplida
más allá de los posibles vacíos o imperfecciones de la legislación ordinaria, tal
como lo ha señalado la Corte Suprema en el conocido caso “Siri”, con cita de
Joaquín V. González9 :
No son, como puede creerse, las “declaraciones, derechos y garantías”, simples fórmulas
teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza
obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los
jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas
interpretaciones o ambigüedades la expresa signifi cación de su texto. Porque son la
defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o
no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina… (Fallos: 239:459,
págs. 463/464; doctrina reiterada, entre otros, en el caso “Asociación Lucha por la
Identidad Travesti-Transexual”, Fallos: 329:5266, del año 2006).
Unidos sobre la base de que ello estaba justifi cado por razones de seguridad nacional, ya que el país
se encontraba en guerra con Japón. En la actualidad, este fallo ha sido objeto de fuertes críticas por
gran parte de la doctrina estadounidense (cf. Stone y otros, Constitutional Law, 6° edición, Wolters
Kluwer, Aspen, Nueva York, 2009, pág. 520). En lo que respecta a la cuestión específi ca de discriminación
fundada en el género, la Corte estadounidense no ha empleado el estándar de “categoría
sospechosa”, sino uno que es “intermedio” respecto del de “mera razonabilidad”. Sin embargo, en
su aplicación práctica, el estándar “intermedio” no se ha diferenciado demasiado del de “categorías
sospechosas” tal como se advierte de esta decisión de la Corte estadounidense: “Las partes en el
proceso que buscan defender la validez de una acción estatal que se funda en criterios de género
deben demostrar que existe una ‘justifi cación fuertemente persuasiva’ de dicha acción. La carga
de la justifi cación es exigente y descansa enteramente en el Estado. El Estado debe demostrar ‘al
menos que la clasifi cación impugnada cumple importantes objetivos públicos y que los medios
discriminatorios empleados están sustancialmente relacionados con el logro de esos objetivos’. La
justifi cación debe ser genuina, no basada en una hipótesis o inventada como una respuesta ex post
al litigio” (“United States v. Virginia”, 518 U.S.515 -1996-).
8 Imaz, Esteban y Rey, Ricardo E., El Recurso Extraordinario, Abeledo-Perrot, 3° edición actualizada,
Buenos Aires, 2000, pág. 139. Allí citan la conocida jurisprudencia de la CSN en tal sentido.
9 González, Joaquín V., Manual de la Constitución argentina, A. Estrada, Buenos Aires, 1897, n° 82.
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