Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

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Estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres
fi nalidad del proceso. Esta precaución en la adopción de las medidas se debe
a la necesidad de evitar perjuicios luego difíciles de reparar, cuestión que se
advierte especialmente en la exclusión del hogar sin haber escuchado a la persona
sindicada como agresora y frente a la suspensión de contacto con los hijos
menores de las partes involucradas en la situación de violencia.
Como en otros temas, sería interesante contar con investigaciones empíricas
que puedan dar cuenta de las medidas cautelares que se adoptan, su naturaleza
y plazo de duración. Es importante saber qué solicitan las mujeres víctimas
de violencia, en qué medida invocan los derechos contemplados en las leyes
vigentes, con qué extensión se les otorgan estas medidas de protección y cómo
continúa el proceso. Indagaciones de esa naturaleza son siempre imprescindibles
para medir y monitorear la efi cacia y aplicación de las leyes. Del mismo
modo, es la información empírica la que brinda los mejores elementos de juicio
para diseñar las políticas sociales de apoyo necesarias para dar sostén a las
herramientas legales.
4.3. La justicia competente en los procesos de violencia
La amplia gama de tipologías y modalidades descritas en la Ley de Protección
Integral contra la Violencia, determina una consecuente amplia competencia
dada por la forma de violencia que se denuncie:
Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la
materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate (artículo 22).
Fuera del ámbito de la violencia doméstica, para la que existen tribunales
especializados como los juzgados de familia en el ámbito de la CABA, es dudoso
el abordaje y tratamiento que merecerán otros tipos de denuncias cuando
deba intervenir un juzgado completamente ajeno a este tipo de problemáticas y
con personal no idóneo para asistirlas.
En estos términos, y más allá de la situación de los tribunales en lo laboral
que pueden estar más habituados a esta clase de confl ictos, resulta difícil imaginar
a un tribunal patrimonial interviniendo ante una situación de maltrato
emanada de una relación contractual, a un tribunal administrativo interviniendo
ante un supuesto de violencia generado en el ámbito de un organismo
del Estado. Los interrogantes subsisten, por ejemplo, en la justicia que será
competente para entender en materia de violencia mediática u obstétrica. Estos
son algunos de los interrogantes que ha suscitado la Ley 26.485, pero no
los únicos.