Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
La mayoría de la Corte se remitió al citado dictamen para concluir que era
correcta la decisión de la Cámara Federal de Córdoba en tanto había resuelto
que la Universidad de Córdoba no se había excedido en sus facultades al establecer
el carácter mixto del Colegio Monserrat.
Si bien en el voto concurrente del juez Petracchi6 se coincidió con esa solución,
se desarrollaron allí argumentos adicionales que demostraban una comprensión
mucho más profunda de las modifi caciones que había producido la
reforma constitucional de 1994 en el sistema jurídico argentino. Entre otras
consideraciones, el magistrado consideró que la solución de la Universidad de
Córdoba no sólo no era “arbitraria”, sino que directamente se imponía en la
reforma constitucional:
2) Que la Reforma Constitucional de 1994 dio jerarquía constitucional a diversos
tratados y convenciones (art. 75 inc. 22 CN.) que, junto con la Constitución Nacional,
confi guran el bloque de la constitucionalidad argentina. A partir de entonces
son muchas las normas de ese rango que nos rigen y en las que se reconoce el derecho
a la igualdad ante la ley, se prohíbe la discriminación y se garantiza el acceso
a la educación.
La igualdad ante la ley surge del art. 16 CN.; de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (art. II); de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 7); de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24);
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 26); de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (art. 15, “a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley”).
La prohibición de la discriminación está consagrada expresamente en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II: “sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo”); en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(art. 7, que veda “toda discriminación”, sin aditamentos); en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 24 “sin discriminación, a igual protección de
la ley”); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 26: “contra
cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión”); y en
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (en su art. 1º se defi ne el sentido de la expresión “discriminación
contra la mujer”).
El derecho a la educación está contemplado en el art. 14 CN.; en el art. XII de la
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (con expresa
mención a la “igualdad de oportunidades en todos los casos”); en el art. 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; en el art. 13 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en el apartado 2.b. se expresa que
la enseñanza secundaria “debe ser generalizada y hacerse accesible a todos”); en el
6 Los jueces Fayt, Boggiano y Vázquez también emitieron sendos votos concurrentes.
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