Estrategias de Litigio - Ministerio Público de la Defensa

Violencia de Género
por elaborar un estándar protector del principio de igualdad. Un ejemplo notorio
de ello es el caso “Lantieri Renshaw” (Fallos: 154:283, de 1929), en el cual
Lantieri había solicitado a las autoridades militares que le otorgaran la libreta
de enrolamiento. Tal como aparece en la reseña efectuada por la misma Corte
Suprema, era claro que la pretensión de la recurrente tenía como objetivo lograr
el reconocimiento al derecho al voto en condiciones igualitarias con los
hombres. Sin embargo, el Tribunal, al rechazar ese planteo, lo examinó como si
ella pretendiese realizar el servicio militar obligatorio:
Puede, sin duda, ser materia de controversia la legitimidad y conveniencia de que la
mujer actúe en la vida pública por el ejercicio legal de los derechos electorales, y desde
luego que el voto califi cado de la mujer instruida infl uiría más efi cazmente en el progreso
de las instituciones políticas que el sufragio inconsciente o venal del electoral
analfabeto; pero lo que no parece discutible, lo que la ley no ha necesitado prohibir
expresamente para que no sea razonablemente permitido, es el supuesto de la ‘mujer
soldado’, desplazada de su sitio natural y de su noble misión social y humana, por
las exigencias de una carga pública que no podría sobrellevar con efi cacia si le fuera
impuesta por determinación justifi cada. El derecho, pues, de no ser privado de lo que
la ley no prohíbe, se mantiene en el caso asignado al precepto invocado la interpretación
que dicta el recto sentido de las cosas y de los hechos, constitutivos de la realidad
misma y base de la verdad legal y jurídica (fallo cit., págs. 290/291).
Y luego de reiterar el estándar de razonabilidad en materia de igualdad que
ya se ha mencionado (fallo cit., pág. 291), la Corte concluyó que el género era
un criterio apropiado para determinar quiénes tenían derecho al sufragio:
La ciudadanía, por lo demás, no implica siempre el mismo conjunto de atributos,
derechos y deberes, pues todo ello varía a virtud de múltiples circunstancias relativas
a edad, aptitudes morales o físicas, incapacidades del mismo orden, etc. y con
mayor fundamento si la desigualdad de situación se establece por razón de sexo, consideraciones
de las que es permitido concluir, de acuerdo con lo resuelto por esta
Corte en caso semejante al sub iudice, que a diferencia del ciudadano naturalizado
que pierde la ciudadanía y no puede readquirirla si omite enrolarse en tiempo (art.
22 , ley 11386), la mujer extranjera al naturalizarse y adquirir los mismos derechos
derivados de la nacionalidad que concierten [sic] a la mujer nativa argentina no
pierde por su exclusión del registro de enrolamiento la ciudadanía que le ha sido
conferida (Fallos 147:252), (fallo cit., págs. 291/292; el destacado es mío) 4 .
4 En una decisión muy posterior (caso “Carballo”, Fallos: 287:42 -1973-) la Corte Suprema empleó
el mismo estándar de razonabilidad para concluir que en el caso había existido una discriminación
ilegítima por parte de la Prefectura Nacional Marítima en perjuicio de sus empleadas mujeres: “[A]
l negar [la Prefectura] al personal femenino la opción que sí acordó al masculino para mantener el
estado policial, carece de base que la sustente; pues, si algo evidencian las constancias reseñadas, es
que no existía razón valedera alguna que autorizara a suponer que el personal femenino, sólo por
ser tal, se encontraba impedido para desempeñar sus funciones conservando aquel estado policial.
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